Los delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual mantienen una tendencia al alza en Puebla. Entre enero y mayo de 2026, el estado registró 692 víctimas por este tipo de ilícitos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La categoría concentra delitos como estupro, pederastia, exhibicionismo obsceno, lenocinio, ultrajes a la moral pública y sus tentativas, los cuales anteriormente se reportaban de forma individual, pero actualmente se agrupan en una sola clasificación dentro de la incidencia delictiva nacional.

Del total de víctimas registradas en los primeros cinco meses del año, 488 fueron mujeres, lo que representa cerca del 70% de los casos. Además, 122 víctimas eran menores de edad, equivalente a casi el 18% del total.

Los registros oficiales muestran que estos delitos se presentaron en 59 municipios poblanos. Sin embargo, la mayor concentración ocurrió en la capital del estado, donde se contabilizaron 427 víctimas, es decir, más de seis de cada diez casos registrados en Puebla. Después de la capital, los municipios con mayor número de víctimas fueron Izúcar de Matamoros, con 19 casos; San Andrés Cholula y Tehuacán, con 18 víctimas cada uno.

Mayo fue el mes con mayor incidencia, al registrar 167 víctimas, la cifra mensual más alta de 2026 para esta clasificación delictiva.

Aunque este grupo de delitos suele recibir menor atención pública que otros ilícitos de alto impacto, los datos del SESNSP muestran que continúan afectando principalmente a mujeres, así como a niñas, niños y adolescentes, quienes representan una proporción importante de las víctimas.

El Código Penal del Estado de Puebla tipifica por separado conductas como el estupro, la pederastia y el lenocinio, estableciendo sanciones específicas para cada una. Sin embargo, para efectos estadísticos nacionales, el SESNSP las integra dentro de la categoría "Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual", con el objetivo de homologar los registros de las 32 entidades federativas y facilitar el análisis de la incidencia delictiva en el país.