El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aseguró que no habrá impunidad en el caso de Antonio Hernández Pacheco, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública de Atlixco hasta su aprehensión.
Aunque el mandatario estatal adelantó un informe de la SSP para detallar las acciones derivadas de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y las determinaciones del Poder Judicial, el caso reaviva los cuestionamientos sobre los filtros de control de confianza y los mecanismos de selección en los mandos municipales.
Hernández Pacheco fue detenido durante un operativo ejecutado por agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI) sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura del acceso a la autopista Siglo XXI, tras una movilización policial.
El exmando enfrenta imputaciones por abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento del deber legal. Frente a esta crisis operativa en la corporación, la alcaldesa Ariadna Ayala designó a Juan Manuel Bravo Baxil al frente de la dependencia y confirmó que la administración local colaborará con la FGE, mientras la corporación intenta mantener sus labores preventivas habituales.
La captura del titular en Atlixco no constituye un evento aislado, sino que se suma a una serie de detenciones de mandos policiales registrados durante las últimas semanas en la entidad.
Tan solo a mediados de julio, las autoridades aprehendieron a los directores de Seguridad Pública de Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sal por presunto encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal, a la par de las capturas de los jefes policiales de Tlaola, Tlapacoya y Jopala por presuntos vínculos con redes de protección.
Estos hechos, sumados a la existencia de cinco concejos municipales instalados por el Congreso local tras investigaciones a exalcaldes, reflejan un patrón recurrente de vulnerabilidad institucional en la estructura de seguridad pública regional.
