El presidente de la Universidad de Cornell, Michael Kotlikoff, se pronunció por primera vez sobre la denuncia de una presunta violación grupal ocurrida en 2024 en la fraternidad Chi Phi, en el campus de Ithaca, Nueva York, en medio de las críticas contra la institución por la manera en que fue atendido el caso.

En un video de ocho minutos dirigido el sábado a estudiantes, profesores, trabajadores, exalumnos y padres de familia, Kotlikoff calificó como “profundamente perturbador” lo ocurrido, reconoció el impacto que el caso tendrá sobre la universidad y aseguró que la institución debe mejorar su respuesta ante las denuncias de violencia sexual.

El caso volvió al centro de la atención pública después de que una exestudiante, identificada en documentos judiciales como Jane Doe, presentó una demanda contra Cornell y siete exalumnos. La mujer sostiene que fue agredida sexualmente por integrantes de Chi Phi en 2024, cuando tenía 20 años. Los señalados han negado las acusaciones.

Durante su mensaje, Kotlikoff reconoció que las últimas semanas han generado enojo y preocupación dentro de la comunidad universitaria. También señaló que el caso plantea interrogantes sobre la violencia sexual, la deshumanización y la cultura relacionada con las fiestas, el consumo de alcohol y drogas.

El presidente de Cornell afirmó que la administración “no tiene todas las respuestas”, pero se comprometió a esclarecer lo ocurrido y a mejorar los mecanismos institucionales para atender este tipo de denuncias. Entre las medidas planteadas están fortalecer los sistemas para que las víctimas puedan denunciar con mayor seguridad, utilizar procesos con enfoque informado sobre el trauma y garantizar investigaciones rigurosas y justas.

Cornell también anunció que su junta de fideicomisarios dará a conocer la próxima semana los detalles de una revisión independiente a cargo de una firma legal externa, destinada a examinar la actuación de la universidad en el caso.

Kotlikoff aseguró que esa revisión no será utilizada para retrasar las modificaciones que la institución considera necesarias y adelantó que Cornell analizará también el papel de las fraternidades y hermandades dentro de la vida universitaria.

La controversia también alcanzó a las autoridades de Nueva York. La gobernadora Kathy Hochul decidió nombrar a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para hacerse cargo de la investigación criminal relacionada con las acusaciones.

La decisión se produjo después de que Hochul cuestionara el manejo inicial del caso y señalara que había perdido la confianza en el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, quien originalmente no presentó cargos. La investigación fue reabierta y ahora se encuentra bajo la supervisión de la oficina de James.

El presidente de Cornell expresó su respaldo a la decisión de la gobernadora y aseguró que la institución cooperará con la investigación. James ha descrito el expediente como una investigación criminal activa. El caso también ha puesto bajo escrutinio la legislación de Nueva York relacionada con agresiones sexuales cuando existe consumo voluntario de alcohol o drogas. La normativa estatal contempla circunstancias que han complicado la persecución de determinados casos en los que la víctima pierde posteriormente la capacidad de consentir.

La respuesta institucional se produjo después de varios días de creciente presión dentro y fuera del campus. Durante una asamblea estudiantil celebrada el jueves, algunos participantes exigieron la renuncia de Kotlikoff por la manera en que Cornell manejó las acusaciones.

La controversia se intensificó a partir de los detalles incluidos en la demanda y de la revisión de la respuesta institucional posterior a la denuncia. Cornell ha señalado que tomó medidas disciplinarias contra algunos de los estudiantes involucrados y ha rechazado que la elaboración de ensayos haya sido la única consecuencia para los señalados, como se había interpretado a partir de la demanda.

En su mensaje, Kotlikoff sostuvo que Cornell debe garantizar que quienes sufran una agresión sexual puedan sentirse seguros al denunciar y que la universidad debe ofrecer recursos adecuados a los sobrevivientes.

La investigación penal encabezada por Letitia James y la revisión independiente que prepara Cornell determinarán ahora nuevos elementos sobre la respuesta dada al caso de 2024. Mientras tanto, la universidad enfrenta el desafío de modificar sus protocolos y revisar el funcionamiento de su sistema de fraternidades y hermandades a partir de las conclusiones que arrojen ambos procesos.