Un operativo conjunto de fuerzas federales permitió el aseguramiento de aproximadamente 900 kilogramos de presunta cocaína, además de armas largas, cartuchos y cargadores, durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de San Diego Xocoyucan, en el estado de Tlaxcala.

La acción fue encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), como parte de una investigación relacionada con delitos de delincuencia organizada.

De acuerdo con la autoridad federal, la diligencia se efectuó tras una indagatoria iniciada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), derivada de un informe presentado por elementos de la SSPC. Los agentes detectaron a una persona armada ingresando al inmueble y observaron indicios que apuntaban a la posible presencia de sustancias ilícitas en el lugar.

Con base en los datos obtenidos, la FGR solicitó una orden de cateo, misma que fue autorizada por una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Tlaxcala, con sede en Apizaco.

Durante la intervención en el inmueble ubicado sobre Camino Ex-Hacienda Xocoyucan, en la colonia Centro, las autoridades aseguraron cerca de 900 paquetes tipo tabique elaborados con material sintético, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo y que contenían una sustancia con características similares a la cocaína.

Además, fueron decomisadas seis armas de fuego largas, cargadores, cartuchos útiles, una funda para arma de fuego, un chaleco táctico y diversas cajas con municiones. El inmueble también quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de la investigación.

La FGR informó que los indicios asegurados serán analizados por personal especializado del Centro Federal Pericial Forense, instancia encargada de determinar el peso exacto, composición química, clasificación y características de la sustancia decomisada.

Las autoridades federales señalaron que las investigaciones continuarán para determinar la posible relación del inmueble y de los objetos asegurados con grupos delictivos que operan en la región, así como para identificar y deslindar responsabilidades.