El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, recurrió de nueva cuenta a sus redes sociales para desmarcarse de las acusaciones sobre la presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos jurídicos vinculados a su familia.

Tras el aval del Congreso de la Unión para exhortar a la Fiscalía del Estado a revisar sus finanzas, el mandatario arremetió contra las bancadas de oposición en el Congreso local, acusándolas de orquestar un "show político" y un "refrito" mediante un proceso de juicio político que, según su postura, adolece de sustento legal.

En un video, García exhibió diversos documentos con los que argumentó que el caso —originado en 2024 tras denuncias del PRI y el PAN por pagos de un proveedor estatal a su firma familiar— ya fue cerrado y que él ha quedado libre de responsabilidad penal o administrativa.

Para rechazar las nuevas indagatorias, el titular del Ejecutivo estatal sostuvo que diversas instancias —entre ellas la Fiscalía de Nuevo León, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF)— determinaron previamente el no ejercicio de la acción penal y la ausencia de observaciones sobre los ejercicios financieros cuestionados.

Con base en ello, García alegó que la Constitución prohíbe juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos.

Pese al tono de descalificación del gobernador hacia el Poder Legislativo, el bloque de oposición en la entidad mantiene la presión institucional para que se profundicen las revisiones sobre los contratos públicos y las firmas legales relacionadas con el entorno del mandatario, en un conflicto político que continúa escalando en el estado.