El expresidente Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno de Estados Unidos de utilizar filtraciones, testigos protegidos y supuestas pruebas fabricadas en las investigaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad.

Los señalamientos aparecen en su nuevo libro, “Pueblo”, en el que López Obrador cuestiona las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra los políticos sinaloenses y sostiene que forman parte de una estrategia con objetivos políticos.

El exmandatario afirmó que las autoridades estadounidenses han recurrido históricamente a mecanismos como testigos protegidos, filtraciones y manejo mediático de los casos, además de lo que calificó como la fabricación de expedientes con “pruebas hechizas”.

A finales de abril, autoridades de Estados Unidos acusaron a Rocha Moya, Inzunza y otros ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Entre los cargos señalados se encuentran conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, además de posesión de armas de fuego y otros delitos. Las acusaciones fueron presentadas ante una corte federal de Nueva York y no constituyen una sentencia.

El gobierno mexicano, por su parte, ha señalado que Estados Unidos no había entregado las pruebas solicitadas para sustentar las imputaciones. En julio, la Fiscalía General de la República informó que la investigación continuaba y que hasta ese momento no contaba con pruebas sobre los posibles vínculos de Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de Relaciones Exteriores también hizo públicos documentos relacionados con las solicitudes estadounidenses de detención provisional con fines de extradición y subrayó que se trataba de acusaciones, no de condenas.

En su libro, López Obrador respaldó la postura asumida por la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las acusaciones y sostuvo que México debe defender su soberanía ante cualquier actuación de autoridades extranjeras.

El expresidente atribuyó a Estados Unidos un supuesto interés político-electoral detrás de las acusaciones y sostuvo que la narrativa busca influir en la opinión pública de ese país y responsabilizar a México por la crisis de consumo de drogas.

Sheinbaum ha señalado que México no protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito, pero también ha exigido que las acusaciones estadounidenses sean acompañadas por elementos probatorios. La mandataria afirmó en junio que hasta ese momento Estados Unidos no había entregado pruebas que sustentaran la solicitud de detención provisional contra Rocha Moya.

López Obrador también cuestionó el tratamiento que, según él, los medios estadounidenses han dado al caso y calificó de manipuladora la cobertura relacionada con las investigaciones.

Mientras tanto, las indagatorias de las autoridades mexicanas y los procedimientos derivados de las acusaciones estadounidenses permanecen en curso, sin que hasta ahora exista una sentencia contra Rocha Moya, Inzunza Cázarez o los demás señalados.