Pese a la crisis política que sacude al municipio de Acatlán de Osorio, la presidenta municipal Guadalupe Lucero Bárcenas dejó en claro que no piensa soltar la silla de la alcaldía y, a través de un comunicado oficial, la edil contradijo abiertamente las versiones institucionales y descartó solicitar una licencia o separarse de sus funciones, aferrándose al argumento de que la ley respalda su permanencia mientras no exista una resolución jurídica definitiva en su contra.
La postura de la alcaldesa desafía de forma directa al propio gobierno estatal. Apenas el pasado 26 de junio, el subsecretario de Gobernación del estado, Isauro Rendón, había anunciado públicamente que Bárcenas dejaría el cargo de manera temporal para no interferir con una auditoría integral al Ayuntamiento programada para iniciar este lunes 29 de junio. Sin embargo, haciendo valer el principio de presunción de inocencia, la munícipe decidió atrincherarse en el puesto, asegurando que su principal responsabilidad es "mantener la gobernabilidad", aun cuando su permanencia genera un evidente choque de versiones con la Secretaría de Gobernación.
El descontento en la región ha escalado debido a las investigaciones que enfrentan diversos funcionarios de su administración; aunque el gobierno del estado intentó pactar una tregua anunciando que la alcaldesa no se presentaría físicamente en la sede de la Presidencia Municipal para permitir las revisiones financieras, la realidad es que no existe ningún procedimiento legal ni licencia aprobada por el Cabildo o el Congreso del Estado que la obligue a retirarse, lo que le ha permitido mantener formalmente el control constitucional del municipio.
En su defensa, Lucero Bárcenas afirmó que tiene total disposición para cooperar con las autoridades competentes y que ha instruido a todas las áreas del Ayuntamiento a entregar la información requerida con transparencia. No obstante, su resistencia a dar un paso al costado prolonga la incertidumbre en una demarcación donde la ciudadanía exige cuentas claras, dejando en el aire cómo se llevará a cabo la fiscalización de las arcas municipales con la principal señalada firmemente instalada en su puesto.
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La presión social en las calles alcanzó su punto máximo este domingo con la denominada "Marcha de la Dignidad por el Pueblo", donde cientos de pobladores de la cabecera municipal y comunidades aledañas marcharon pacíficamente desde el Monumento al Tecuán hasta el Palacio Municipal para exigir formalmente la revocación de mandato de la alcaldesa.
Los manifestantes confirmaron que ya entregaron más de 4 mil firmas ciudadanas al Congreso del Estado para respaldar la salida de la edil, cuya legitimidad se desplomó aún más tras revelarse que contrajo nupcias con el ahora exsecretario de Seguridad Pública local, Juan Alberto Domínguez, en medio de la crisis de gobernabilidad del municipio.
