A dos años de la despenalización del aborto en Puebla, el acceso efectivo a la interrupción legal del embarazo continúa enfrentando importantes obstáculos. Aunque el procedimiento puede realizarse hasta las 12 semanas de gestación, la atención permanece concentrada en un número reducido de hospitales, persisten barreras geográficas para mujeres de comunidades rurales y casi la mitad de los procedimientos se practica mediante una técnica que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de recomendar como primera opción.

Así lo revela el informe Hallazgos estatales: Aborto legal y seguro en Puebla, elaborado por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y REDefine Puebla, con información recopilada entre 2020 y junio de 2025.

El diagnóstico señala que, al corte del 2 de junio de 2025, únicamente 14 hospitales públicos brindaban atención para la interrupción legal del embarazo en un estado conformado por 217 municipios, lo que mantiene importantes desigualdades en el acceso al servicio.

La red de atención está integrada por hospitales de los Servicios de Salud del Estado, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, registros de la Dirección General de Información en Salud muestran que entre 2020 y 2025 29 unidades médicas, incluidos centros de salud de primer nivel, reportaron haber realizado procedimientos de aborto.

La mayor concentración de estos servicios se localiza en la jurisdicción sanitaria de Tepexi de Rodríguez, donde siete centros de salud distribuidos en seis municipios registraron atención. El municipio de Puebla concentra otras cuatro unidades, mientras que amplias regiones del estado continúan sin cobertura cercana.

Las organizaciones advierten que esta distribución obliga a muchas mujeres a recorrer largas distancias para acceder al servicio, situación que se agrava por la falta de especialistas en municipios alejados de la capital. Hospitales ubicados en regiones como Zacatlán y Huauchinango enfrentan escasez de ginecólogos, lo que limita la capacidad de atención y obliga, en algunos casos, a canalizar a las pacientes hacia otras localidades.

El informe también identifica rezagos en los procedimientos utilizados. Entre julio y diciembre de 2024, la Secretaría de Salud estatal registró 840 interrupciones legales del embarazo, de las cuales 49.8% se realizaron mediante legrado uterino instrumental (LUI), una técnica quirúrgica que la OMS considera obsoleta como método de primera elección durante el primer trimestre del embarazo.

Las directrices internacionales recomiendan privilegiar el aborto con medicamentos —mediante mifepristona y misoprostol, o misoprostol solo— así como la aspiración manual endouterina (AMEU), por tratarse de procedimientos menos invasivos, con menor riesgo de complicaciones y tiempos de recuperación más cortos.

El estudio atribuye el uso frecuente del legrado a la disponibilidad irregular de medicamentos y de kits para realizar la AMEU. En particular, identifica escasez de mifepristona, además de insuficiencia de equipos de ultrasonido en distintas unidades médicas, lo que obliga a muchas pacientes a costear estudios por su cuenta y retrasa la atención.

Otra de las principales preocupaciones expuestas por las organizaciones es el acceso al aborto para víctimas de violencia sexual. Entre 2023 y 2024, los servicios públicos de salud atendieron a 186 mujeres y niñas cuyos embarazos fueron consecuencia de una violación; sin embargo, solo un caso concluyó con una interrupción voluntaria del embarazo.

Esto significa que menos del 1% de las víctimas embarazadas por violencia sexual logró acceder al procedimiento, pese a que la legislación mexicana permite la interrupción del embarazo en estos casos sin necesidad de presentar una denuncia penal.

El informe concluye que persiste una brecha entre el reconocimiento legal del derecho y su aplicación en la práctica, por lo que recomienda ampliar la red de hospitales que ofrecen el servicio, fortalecer la capacitación del personal médico, garantizar el abasto de medicamentos e insumos y sustituir progresivamente el legrado por los métodos recomendados por la OMS.