Las comisiones unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para combatir la piratería y sancionar el uso indebido de elementos de identidad gráfica de instituciones públicas.

El dictamen avanzó con 36 votos a favor, 12 en contra y una abstención, y ahora deberá continuar su proceso legislativo antes de convertirse, eventualmente, en una norma vigente.

La discusión estuvo marcada por las críticas al artículo 403 Bis, debido a que la redacción original contemplaba penas de entre tres y siete años de prisión, además de multas de mil a 10 mil UMAs, para determinados usos comerciales de la identidad gráfica institucional que pudieran inducir al error o engaño.

Ante los cuestionamientos de la oposición, el senador morenista Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, planteó modificar el artículo para precisar que la conducta sancionada debe tener como finalidad inducir al error o engaño para cometer un ilícito.

Con la modificación, el supuesto se acota al uso, reproducción, imitación o incorporación, a escala comercial, de elementos como la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas cuando se utilicen para generar un engaño relacionado con la comisión de un delito.

También se planteó una pena de uno a cinco años de prisión, además de una multa de mil a 10 mil UMAs, de acuerdo con la modificación presentada durante la discusión. El cambio ocurrió después de que legisladores de oposición advirtieran que la redacción original podía alcanzar contenidos de parodia, sátira o memes que utilizaran elementos gráficos oficiales.

La reforma no establece una prohibición general para publicar memes o realizar parodias, pero senadores de oposición señalaron que la nueva redacción no incluye una excepción expresa para este tipo de contenidos.

La senadora de Movimiento Ciudadano Alejandra Barrales sostuvo que el cambio propuesto por Corral delimita en buena medida el supuesto, pues —según explicó— un contenido humorístico o una parodia no tendría por sí mismo la finalidad de cometer un ilícito.

Barrales también señaló que existen contenidos difundidos por medios, revistas, influencers y otros usuarios que utilizan elementos gráficos oficiales como parte de una parodia o crítica, por lo que consideró relevante precisar los alcances de la disposición.

En contraste, legisladores del PAN habían advertido previamente que la redacción original podía generar incertidumbre sobre el uso de símbolos gubernamentales en memes, caricaturas y parodias. El coordinador panista Ricardo Anaya pidió establecer expresamente protecciones para periodistas, parodias y libertad de expresión.

El dictamen fue turnado para continuar su trámite legislativo y se prevé que sea llevado al Pleno del Senado, donde deberá ser discutido y votado. En caso de aprobarse, todavía tendría que seguir las etapas correspondientes antes de su eventual publicación y entrada en vigor.

Por ahora, el llamado coloquial a esta propuesta como “Ley Antimemes” no corresponde al nombre oficial de una nueva ley y tampoco existe una disposición vigente que establezca cárcel por publicar un meme o una parodia con la imagen del gobierno.

El punto central del dictamen aprobado en comisiones es el establecimiento de un supuesto penal relacionado con el uso comercial de identidad gráfica y otros elementos oficiales para inducir al error o engaño con la finalidad de cometer un ilícito.