El combate al huachicol fiscal y a las redes de facturación falsa se perfila como el eje de una amplia reforma institucional que el oficialismo busca impulsar durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. La propuesta contempla modificaciones constitucionales y legales que reconfigurarían el modelo nacional de combate a la corrupción, incluyendo cambios al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), al esquema de auditorías y a los mecanismos de coordinación entre autoridades.

De acuerdo con información publicada por El País y atribuida a fuentes involucradas en las negociaciones, la iniciativa cuenta con respaldo del Gobierno federal y de legisladores de Morena, además del interés de representantes del sector empresarial, universidades y centros de investigación.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó recientemente que distintas instituciones trabajan en una propuesta conjunta para fortalecer la política anticorrupción.

Entre ellas se encuentran la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro; la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Además, la mandataria anunció un decreto para reforzar las obligaciones de transparencia dentro del Gobierno federal, con el propósito de limitar la reserva de información únicamente a casos relacionados con procesos judiciales o seguridad nacional.

Uno de los ejes centrales de la reforma será combatir el mercado ilegal de combustibles, conocido como huachicol fiscal.

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, adelantó que se analiza crear una legislación específica para perseguir tanto a quienes comercializan hidrocarburos de procedencia ilícita como a quienes los adquieren.

Entre los sectores identificados como consumidores potenciales de combustible ilegal figuran estaciones de servicio, empresas transportistas, compañías mineras y obras públicas. La propuesta también busca ampliar el uso de la figura de extinción de dominio para decomisar bienes vinculados con estas actividades.

En paralelo, el proyecto contempla modificaciones a la legislación fiscal para cerrar espacios a las llamadas empresas fachada o factureras, utilizadas para simular operaciones y evadir impuestos mediante comprobantes fiscales apócrifos.

Los impulsores consideran que el actual modelo de fiscalización presenta limitaciones para detectar irregularidades de manera oportuna. Por ello, la propuesta plantea reconstruir el sistema nacional de auditorías, fortalecer la autonomía de las auditorías locales y federales, incorporar herramientas tecnológicas y permitir revisiones prácticamente simultáneas al ejercicio del gasto público.

Asimismo, el proyecto prevé transformar el Sistema Nacional Anticorrupción en un mecanismo de coordinación obligatoria entre instituciones del Estado, con intercambio permanente de información, metas vinculantes, evaluaciones periódicas e informes públicos sobre resultados.

Además, se analiza fortalecer la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, crear una unidad especializada en robo de hidrocarburos, ampliar la protección para denunciantes y establecer sistemas públicos de alertas ciudadanas.

El paquete legislativo incluiría reformas para eliminar el fuero constitucional como mecanismo de inmunidad procesal y modificar las reglas del juicio político para evitar que servidores públicos sancionados permanezcan en sus cargos mediante interpretaciones judiciales.

Ramírez Cuéllar aseguró que las iniciativas no están dirigidas contra personas específicas, pese a coincidir con investigaciones y señalamientos contra figuras de distintos partidos políticos. Según el legislador, el objetivo es construir un nuevo modelo institucional que fortalezca la prevención, la fiscalización y la persecución de la corrupción mediante una política de Estado.