En el Congreso del Estado de Puebla se presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Agua que busca obligar a los organismos y empresas prestadoras de este servicio a reparar de forma inmediata los daños que ocasionen en la vía pública durante la realización de sus obras. 

La propuesta, impulsada por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara, surge ante las constantes inconformidades ciudadanas por zanjas abiertas, pavimentos hundidos y banquetas en mal estado tras intervenciones en la red de agua potable y drenaje.

La legisladora argumentó que las malas intervenciones representan una afectación doble para la ciudadanía, debido a que el costo se cubre inicialmente a través de las tarifas del servicio y posteriormente mediante el uso de recursos públicos municipales para corregir los desperfectos. Con la adición del artículo 32 Bis y la modificación al artículo 129 de la legislación vigente, se pretende regular las obras hidráulicas en los 217 municipios de la entidad.

El origen de esta iniciativa se vincula con los daños registrados en la calle 24 Sur, entre la 7 y 9 Oriente de la capital poblana, donde la concesionaria Agua de Puebla intervino la red de drenaje en una vialidad que el Gobierno del Estado había repavimentado días atrás, lo que motivó el anuncio de sanciones por parte del gobernador Alejandro Armenta Mier. 

La reforma plantea que las empresas prestadoras de servicio ya no podrán argumentar reparaciones urgentes para intervenir vialidades sin autorización previa, salvo en emergencias reales que pongan en riesgo el suministro o la seguridad, las cuales deberán reportarse formalmente en un plazo de 24 horas.

De ser aprobada, la ley exigirá que los trabajos de reparación definitiva concluyan en un periodo máximo de 15 días naturales y que la infraestructura quede en condiciones iguales o superiores a las originales, prohibiendo el uso de rellenos provisionales que comprometan la seguridad de peatones y automovilistas. Asimismo, las prestadoras del servicio estarán obligadas a otorgar una garantía de calidad mínima de 12 meses sobre las reparaciones efectuadas.