En medio de los señalamientos de opacidad y las revisiones financieras que pesan sobre la administración municipal 2021-2024, trascendió en versiones periodísticas que la Auditoría Superior del Estado (ASE) habría emitido una sanción administrativa en contra del exalcalde capitalino Eduardo Rivera Pérez, consistente en una multa económica de 15 millones de pesos y una inhabilitación de 15 años para ocupar cargos públicos.

La misma versión atribuye al exsecretario de Administración, Bernardo Arrubarrena García, una sanción de 10.5 millones de pesos e inhabilitación por una década. Pese a la filtración atribuida a fuentes del sector fiscalizador, el órgano que encabeza el escrutinio financiero en la entidad no ha formalizado ni emitido una ratificación oficial al respecto.

El trascendido —hecho por parte del autor de la columna Al Portador, Alejandro Mondragón— correspondería al proceso de fiscalización correspondiente al ejercicio 2023, en el cual la ASE determinó 15 pliegos de observación por un probable daño patrimonial que asciende a 261 millones 290 mil 678 pesos.

Entre las irregularidades documentadas por las instancias de control destacan 101.7 millones de pesos canalizados a 67 contratos para la prestación de servicios profesionales, asesorías integrales y difusión en medios de comunicación, así como la falta de documentación comprobatoria señalada por el Órgano Interno de Control municipal para justificar el gasto de otros 387.6 millones de pesos ejercidos durante la fase final de la gestión panista.

A la presión presupuestal local se suma el proceso que atiende la Auditoría Superior de la Federación (ASF), instancia que aceptó realizar una auditoría forense al proyecto de rehabilitación de la Avenida Juárez, obra intervenida durante la gestión de Rivera Pérez con un techo financiero federal de 55.7 millones de pesos.

El expediente federal se activó tras la denuncia interpuesta por la diputada federal Nora Merino Escamilla, quien documentó la aparición de fallas estructurales, levantamiento de adoquines y deficiencias en el sistema de drenaje pluvial a menos de dos años de su entrega, acumulando un expediente que mantiene bajo la lupa la transparencia del erario público ejercido en la capital.