Tras casi 21 años de impunidad y una prolongada lucha jurídica, la periodista Lydia Cacho Ribeiro encaró de manera remota al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, durante la audiencia de vista celebrada este jueves en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano; “Es la primera vez que lo veo de frente”, soltó de la activista al encontrarse con el 'Gober Precioso'.
En el último desahogo de pruebas y alegatos finales previo al fallo, Cacho exigió a la jueza cuarta de distrito en Quintana Roo, María José Pech Sáenz, la imposición de la pena máxima contra el exmandatario por el delito de tortura, además de una disculpa pública dirigida a ella y a todo el pueblo de Puebla por el abuso de poder cometido durante su administración.
Durante la diligencia, la comunicadora sostuvo que su exigencia de justicia trasciende el plano personal y representa una postura colectiva contra los funcionarios que utilizan las estructuras del Estado para encubrir redes criminales y proteger a redes de pederastia e impunidad, recordando que su detención arbitraria y posterior tortura en 2005 se originaron tras investigar y documentar las redes de trata de personas encabezadas por personajes como Jean Succar Kuri y el empresario Kamel Nacif.
Marín niega las acusaciones y la defensa alista amparo
En su turno de defensa, Mario Marín Torres rechazó haber ordenado la aprehensión y tortura de la periodista, alegando que no existen pruebas materiales directas en su expediente.
Respecto a las históricas grabaciones telefónicas filtradas en las que dialogaba con Kamel Nacif —quien lo denominó “mi gober precioso” y en las que se jactaba de haberle dado un “coscorrón” a la comunicadora—, el exgobernador reconoció las llamadas, pero argumentó que en ellas nunca se mencionó explícitamente el nombre de Lydia Cacho ni se ordenaron los agravios en su contra.
Por su parte, la abogada de la activista, Araceli Andrade, desestimó los argumentos de la defensa al señalar la incongruencia de buscar documentos firmados cuando operaban redes de complicidad desde el poder político.
Al concluir los alegatos de ambas partes, la jueza Pech Sáenz abrió un plazo de hasta 60 días naturales para emitir la sentencia definitiva. No obstante, antes de que se pronuncie el fallo judicial, los tribunales deberán resolver un amparo promovido por la defensa del exmandatario con el que busca obtener nuevamente el beneficio de prisión domiciliaria bajo argumentos de salud.
