En casos independientes desahogados por la Fiscalía General del Estado de Puebla, las autoridades judiciales vincularon a proceso a dos adolescentes señalados por su presunta responsabilidad en conductas que la ley tipifica como violación equiparada y abuso sexual en los municipios de Huehuetlán el Chico y Coronango.
La resolución penal de ambos expedientes encienden las alarmas en la entidad al evidenciar cómo menores de edad ejercen agresiones sexuales severas contra la infancia, reflejando patrones de violencia e incitación que impactan directamente el entorno de las comunidades poblanas.
El primer expediente judicial corresponde a un menor de 14 años de edad, vinculado a proceso por su probable participación en delitos de violación equiparada y abuso sexual en Huehuetlán el Chico. Las investigaciones ministeriales iniciaron el 14 de marzo de 2025 tras las denuncias promovidas por las madres de las víctimas, menores de 13 años de edad.
En la audiencia del 22 de octubre de 2026, el Ministerio Público expuso los datos de prueba que sostuvieron la acusación, abriendo la etapa de investigación complementaria bajo el régimen de justicia penal para adolescentes.
Casos no relacionados reflejan un problema sistémico entre jóvenes
El segundo hecho formalizado judicialmente ocurrió en el municipio de Coronango. La investigación deriva de denuncias radicadas en julio de 2022, cuando una adolescente de 13 años sufrió agresión sexual en un inmueble particular. En la audiencia inicial realizada el 26 de octubre de 2026, el juez de la causa decretó el auto de vinculación a proceso contra el implicado tras calificar como suficientes los elementos de prueba recabados por las autoridades ministeriales.
Aunque la FGE subrayó que se trata de hechos aislados y sin relación entre sí, la recurrencia de imputaciones penales por agresiones sexuales ejercidas por adolescentes abre una discusión profunda sobre la normalización de la violencia de género desde edades tempranas.
En ambos casos, el órgano procurador de justicia precisó que dará continuidad a los procesos garantizando la protección de la identidad, confidencialidad y los derechos de las víctimas e imputados.
