La paciencia del Poder Legislativo con la concesionaria Agua de Puebla para todos llegó a su límite, ya que este martes 14 de julio, diputados de Morena, Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Verde (PVEM) anunciaron que solicitarán formalmente a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) una auditoría forense, técnica y jurídica a la empresa con el objetivo de reunir las pruebas necesarias para rescindir su contrato de manera definitiva.

La propuesta, impulsada inicialmente por la legisladora de MC, Fedhra Suriano, fue respaldada de inmediato por el presidente del Congreso de Puebla, Pável Gaspar Ramírez. El líder de la bancada morenista lanzó duras críticas contra la firma hídrica, asegurando que el servicio es un "pésimo tandeo de miseria" y calificando la privatización de 2014 —otorgada por 30 años durante el sexenio de Rafael Moreno Valle— como "un atraco bien planeado".

El plan de los diputados locales es utilizar los resultados de la auditoría forense para justificar legalmente la nulidad de la concesión, la cual opera en Puebla capital, Amozoc, Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula. De acuerdo con los legisladores, la empresa ha incumplido sistemáticamente con sus obligaciones operativas, logrando acreditar apenas 9 de los 31 indicadores de desempeño que exige su título de concesión, además de registrar graves omisiones en tareas de desazolve e infraestructura pluvial.

Por su parte, la diputada del PVEM, Guadalupe Vargas, calificó como "increíbles" las justificaciones de la empresa para eludir sus responsabilidades. En contraste, la legisladora de oposición Delfina Pozos (PRI) sugirió la creación de una plataforma pública de información hídrica; sin embargo, advirtió que la bancada mayoritaria de Morena y sus aliados ya cuentan con las 20 causales necesarias para revocar el contrato si así lo deciden, acusando a algunos legisladores de utilizar el tema con fines político-electorales.