La diputada local de Morena, Ana Lilia Tepole Armenta, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Puebla para endurecer las sanciones contra quienes cometan robos utilizando armas simuladas, con penas que podrían alcanzar hasta 18 años de prisión.

La propuesta busca incorporar como agravante el uso de réplicas, imitaciones, juguetes o cualquier objeto que pueda confundirse con un arma de fuego real durante la comisión de un delito. Actualmente, las sanciones por robo en Puebla van de seis meses a 12 años de prisión, dependiendo del valor de lo sustraído; sin embargo, la legisladora plantea incrementar hasta en una mitad dichas penas cuando se utilicen este tipo de artefactos.

Durante la presentación de la iniciativa, Tepole Armenta argumentó que el empleo de armas simuladas genera afectaciones que van más allá de las pérdidas materiales, pues también impacta la integridad física, emocional y psicológica de las víctimas.

La legisladora sostuvo que, en la mayoría de los casos, las personas afectadas no pueden distinguir durante un asalto si el arma es auténtica o una réplica, por lo que el nivel de intimidación y temor es similar al que provoca un arma de fuego real. “Esta iniciativa fortalece la protección a las víctimas y la prevención de conductas ilícitas para fortalecer la paz social”, señaló.

La reforma también contempla definir legalmente qué se considera un arma simulada, incluyendo réplicas, imitaciones, juguetes, artefactos u objetos que, por sus características físicas o apariencia, puedan confundirse con un arma de fuego.

De ser aprobada por el Congreso local, Puebla sumaría una nueva agravante al delito de robo, que actualmente ya contempla incrementos de pena cuando existe violencia, se comete en viviendas, establecimientos o transporte público, entre otros supuestos previstos en el Código Penal estatal.

Al presentar la iniciativa, Ana Lilia Tepole señaló que, de acuerdo con datos expuestos durante su argumentación, aproximadamente el 50 por ciento de los delitos cometidos en la entidad involucran el uso de armas simuladas o réplicas para intimidar a las víctimas, lo que motivó la propuesta de endurecer las sanciones.