Alrededor de un millón de poblanos que residen en Estados Unidos podrían verse afectados por la ampliación del programa de deportaciones aceleradas, un mecanismo que permite expulsar a personas migrantes sin un proceso completo ante un juez de inmigración, advirtió Avelino Meza, secretario general de Fuerza Migrante.

El representante de la organización explicó que la población con mayor riesgo está conformada por migrantes en situación irregular y por quienes viven en estados que no cuentan con políticas de protección para esta comunidad, conocidos como estados no santuarios, donde las autoridades locales colaboran con las agencias federales en operativos y redadas migratorias.

Con base en estimaciones de Fuerza Migrante elaboradas a partir de datos oficiales, cerca de un millón de poblanos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, lo que representa casi la mitad de los 2.1 millones de originarios de Puebla que viven en Estados Unidos.

Las cifras del Anuario de Migración y Remesas México 2025, elaborado por la Fundación BBVA México y el Consejo Nacional de Población (Conapo), muestran que el 24 por ciento de los poblanos radicados en Estados Unidos, alrededor de 504 mil personas, vive en Florida, Texas y Arizona, entidades consideradas no santuarios donde continúan las redadas y los operativos de control migratorio. En contraste, el 40.3 por ciento, equivalente a más de 846 mil personas, reside en Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y California, estados que mantienen políticas de mayor protección hacia la población migrante.

Meza explicó que el pasado 24 de junio una corte federal de apelaciones permitió ampliar el alcance de las expulsiones aceleradas, procedimiento que anteriormente se aplicaba principalmente a personas detenidas cerca de la frontera o poco tiempo después de ingresar al país.

Con esta resolución, las autoridades migratorias podrán aplicar el mecanismo en cualquier parte del territorio estadounidense contra personas que no puedan acreditar haber permanecido de forma continua en el país durante al menos dos años, sin necesidad de comparecer ante un juez de inmigración, de acuerdo con información difundida por medios internacionales.

El dirigente de Fuerza Migrante consideró que el endurecimiento de la política migratoria busca generar un ambiente de temor entre la comunidad migrante para incentivar la denominada "autodeportación", en un contexto marcado por el proceso electoral de medio mandato que Estados Unidos celebrará en noviembre. "Este proceso, esta nueva ley, la intención principal es seguir influyendo en el miedo para generar mecanismos de autodeportación", señaló.

Añadió que la migración continúa siendo uno de los principales temas del debate político en Estados Unidos y que las redadas y deportaciones podrían intensificarse conforme avance el proceso electoral, debido a que el presidente Donald Trump ha convertido este asunto en uno de los ejes centrales de su discurso.

Meza sostuvo que el riesgo no solo se limita a la posibilidad de ser detenido, sino que también impacta la estabilidad económica y familiar de miles de personas. Explicó que sectores como la construcción, la agricultura, los restaurantes y la hotelería dependen en gran medida de mano de obra migrante, por lo que las deportaciones pueden provocar la separación de familias y afectar sus ingresos. "Estamos hablando de una población que está expuesta no solo por su situación migratoria, sino también por el lugar donde vive; eso los pone en una doble vulnerabilidad", afirmó.

Ante este panorama, Fuerza Migrante informó que reforzó sus programas de orientación jurídica mediante manuales, capacitaciones y materiales informativos para que las personas conozcan sus derechos, mantengan organizada su documentación y activen redes de apoyo en caso de una detención o proceso de deportación.

"Estamos impulsando manuales y capacitaciones para que la gente sepa cómo actuar en caso de una detención, porque muchas veces el desconocimiento es lo que más los pone en riesgo", concluyó.