A pocos días de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, sus familiares cuestionaron los avances de las investigaciones y exigieron al Gobierno de México resultados para conocer el paradero de sus hijos.

En un posicionamiento difundido previo al aniversario, los padres de los normalistas señalaron que las indagatorias permanecen prácticamente estancadas y acusaron al Estado mexicano de mantener una política de encubrimiento hacia las Fuerzas Armadas.

Los familiares hicieron referencia a la reunión que sostuvieron el 27 de agosto en Palacio Nacional con autoridades federales, en la que plantearon nuevamente el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Consideraron que la reincorporación de este grupo internacional es necesaria para contribuir y supervisar de manera autónoma las distintas líneas de investigación, pues señalaron que las herramientas tecnológicas y los mecanismos oficiales no han sido suficientes para esclarecer el caso.

Otra de sus principales exigencias es la entrega de más de 800 folios y registros militares que, de acuerdo con los familiares, fueron generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) durante septiembre de 2014.

Los padres consideran que esos documentos son fundamentales para esclarecer lo ocurrido durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

También acusaron al Gobierno federal de no abrir completamente los expedientes que se encuentran bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y sostuvieron que esto representa un incumplimiento de las promesas de verdad y justicia.

Los familiares advirtieron que no aceptarán informes parciales mientras no se entregue la totalidad de los documentos en poder de la Sedena que puedan contribuir a la búsqueda de los estudiantes.

Aunque reconocieron las recientes acciones jurídicas contra exfuncionarios estatales de alto nivel, señalaron que estas medidas no representan una respuesta suficiente mientras continúe sin conocerse el paradero de los 43 normalistas.

Asimismo, exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) fortalecer con pruebas contundentes los procesos judiciales relacionados con el caso y ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes contra militares presuntamente implicados.

Los padres también pidieron que las detenciones no sean utilizadas como “distractores políticos” frente a la falta de resultados que permitan determinar qué ocurrió con los estudiantes y dónde se encuentran.

A casi 144 meses de la desaparición de los normalistas, los familiares expresaron su decepción ante lo que consideran una persistente opacidad por parte del Estado mexicano.

Reiteraron que mantendrán su lucha hasta obtener verdad y justicia y señalaron que el paso del tiempo y los informes oficiales no pueden sustituir la obligación de las autoridades de esclarecer el caso.