La presunta distribución de "trampas antiosos" consistentes en tablas de triplay con clavos expuestos encendió las alarmas en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, pues las imágenes y mensajes difundidos en grupos vecinales de la colonia Olinalá revelaron una convocatoria en la que se ofrecían hasta 40 de estos dispositivos frente al vivero del sector, condicionando su entrega a los residentes al corriente con sus cuotas de mantenimiento para instalarlos en accesos y ventanas.
Ante la viralización del caso y el riesgo de mutilación o muerte para la fauna de la zona serrana, el organismo descentralizado Parques y Vida Silvestre de Nuevo León emitió un pronunciamiento para reprobar categóricamente la iniciativa.
La dependencia aclaró que en ningún momento autorizó, sugirió o promovió el uso de dichos elementos punzocortantes, y anunció inspecciones inmediatas en el sector para constatar si las tablas fueron colocadas, además de convocar a una mesa de trabajo con representantes de Olinalá y Palmillas para acordar protocolos oficiales de coexistencia.
El uso de mecanismos que lesionen a la fauna silvestre constituye una infracción grave a la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) e incurre en delitos de orden federal. La normativa prohíbe el empleo de trampas hirientes o letales contra especies protegidas como el oso negro, contemplando sanciones administrativas y penas que van de uno a nueve años de prisión.
Ante el avistamiento e ingreso de ejemplares a predios habitacionales, el protocolo legal vigente exige dar aviso a la Profepa y a la Semarnat para desahogar maniobras de captura no dolorosa mediante jaulas de caja y su posterior reubicación en su hábitat.
