Las personas que maltraten, abandonen o descuiden a sus mascotas podrían enfrentar multas, arrestos administrativos de hasta 36 horas y otras sanciones, de acuerdo con la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, aprobada por la Cámara de Diputados el día de ayer, miércoles 18 de noviembre.
La legislación establece obligaciones para quienes tengan animales de compañía, así como medidas para sancionar los actos de crueldad y garantizar condiciones adecuadas de alimentación, salud y protección.
El dictamen fue avalado en San Lázaro y enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Por ello, es importante precisar que su aprobación legislativa no significa que ya esté vigente: la entrada en vigor dependerá de su publicación y de las disposiciones transitorias correspondientes.
La nueva legislación también contempla la creación de un Padrón de Personas Infractoras, en el que podrían permanecer registradas aquellas personas que incumplan las disposiciones de protección animal. La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, consta de 125 artículos distribuidos en seis títulos y establece nuevas reglas para la protección de los animales en todo el país.
El régimen sancionatorio contempla distintas medidas administrativas, cuya aplicación dependerá de la gravedad de la infracción y de factores como el número de animales afectados, la reincidencia, la intencionalidad y las condiciones económicas de la persona responsable.
Entre las sanciones previstas se encuentran:
- Amonestaciones.
- Multas económicas.
- Arresto administrativo de hasta 36 horas.
- Clausura temporal o definitiva de establecimientos.
- Decomiso de animales y bienes.
- Suspensión o revocación de autorizaciones, licencias y permisos.
- Obligación de reparar el daño ocasionado al animal.
La reparación podrá incluir el pago de consultas veterinarias, medicamentos, tratamientos, intervenciones quirúrgicas y procesos de rehabilitación física o conductual.
Además, la legislación establece un Padrón de Personas Infractoras, cuya inscripción podrá mantenerse entre uno y cinco años. Durante ese periodo, las personas registradas tendrán restricciones para acceder a determinados apoyos públicos relacionados directamente con el bienestar animal y para obtener autorizaciones o permisos contemplados en la ley.
El artículo 57 establece las responsabilidades de las personas tutoras de animales de compañía. Entre las principales se encuentran:
- Proporcionar alimentación suficiente y adecuada, considerando la especie, raza, edad y estado de salud.
- Garantizar acceso permanente a agua potable.
- Ofrecer un espacio seguro, limpio y protegido de las condiciones climáticas.
- Brindar atención veterinaria periódica, vacunación y desparasitación.
- Mantener actualizado el registro de salud del animal.
- Inscribir a las mascotas en el registro estatal o municipal correspondiente.
- Esterilizar perros y gatos, salvo excepciones justificadas por razones de salud o reproducción legal.
- Garantizar actividad física, estimulación y socialización.
- Utilizar métodos de identificación para facilitar su recuperación en caso de extravío.
- Recoger sus heces en espacios públicos.
- Buscar alternativas de alojamiento y adopción responsable cuando ya no sea posible hacerse cargo del animal.
Estas disposiciones buscan establecer responsabilidades que van más allá de proporcionar alimento y un lugar para dormir, pues también consideran la salud física y conductual de los animales.
La legislación también incorpora restricciones para la comercialización de animales de compañía. Entre las prácticas prohibidas se encuentran:
- Vender animales enfermos o lesionados.
- Comercializar animales de compañía en mercados, bazares, tianguis, vía pública o vehículos.
- Publicar ofertas de venta por internet sin contar con los registros y autorizaciones correspondientes.
- Entregar animales como propaganda política, religiosa o comercial.
- Utilizarlos como premios en juegos, sorteos o eventos.
- Venderlos o entregarlos en adopción a menores de edad sin la compañía de una persona adulta responsable.
Además, la compraventa deberá realizarse en establecimientos registrados y autorizados, que garanticen condiciones adecuadas de alimentación, hidratación, alojamiento y supervisión veterinaria.
Otro de los puntos de la legislación es incorporar contenidos sobre bienestar, cuidado y protección animal en los planes de estudio de todos los niveles educativos. El artículo 59 establece que las instituciones educativas públicas y privadas deberán incluir estos contenidos. Asimismo, el artículo 60 prohíbe utilizar animales en actividades de enseñanza en los niveles de educación preescolar y básica.