La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobierno del estado de Nuevo León por la presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos del erario público.
La acción legal, interpuesta el pasado 16 de octubre e incluida en la revisión de la Cuenta Pública, señala la existencia de una red de simulación de operaciones diseñada para desviar recursos estatales —al menos 928.13 millones de pesos de forma directa— hacia las cuentas bancarias de un despacho jurídico vinculado al gobernador Samuel García Sepúlveda y a su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
Durante la entrega del informe del órgano fiscalizador federal en la Cámara de Diputados, el auditor Aureliano Hernández detalló que el esquema financiero permitió el rastreo de fondos públicos redirigidos a personas morales y físicas con vínculos de parentesco con servidores públicos de la entidad.
De acuerdo con el mapa de movimientos expuesto por la ASF, la red operó a través del pago a grandes contratistas estatales —entre ellos los desarrolladores de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey—, quienes posteriormente triangularon los recursos a intermediarios y comercializadoras hasta depositarlos en la firma legal de la familia del mandatario, fondos que presuntamente habrían servido para la adquisición de una propiedad con valor de mil millones de pesos.
El informe entregado al Congreso de la Unión expone que la dispersión del gasto público operó mediante cuatro vías principales de transferencia. En la vertiente más amplia, la administración estatal adjudicó contratos por 5 mil 851 millones de pesos a una empresa constructora; esta compañía trasladó 5 mil 154.6 millones a una segunda firma intermediaria, la cual finalmente inyectó 385.3 millones de pesos al despacho de la familia García.
Las fechas y montos descritos por la auditoría coinciden con las contrataciones de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey adjudicadas en septiembre de 2022 a la empresa Mota-Engil, la cual se consorció con compañías vinculadas a clientes del propio despacho legal del gobernador.
El expediente de la ASF documenta tres rutas adicionales de desvío: el pago de 964 millones de pesos a una comercializadora que derivó 202.9 millones al despacho previa triangulación con una proveedora de alimentos; la transferencia de 243 millones a una empresa de servicios que terminó depositando 62.9 millones a la misma firma legal mediante una consultoría; y un esquema final de 154.2 millones de pesos a una compañía de equipamiento que derivó 77.03 millones a los familiares del mandatario.
La fiscalización federal mantendrá la emisión de pliegos de observaciones y el seguimiento de la denuncia penal ante la FGR para deslindar responsabilidades por los delitos de corrupción y uso ilícito de atribuciones.
