La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena determinó expulsar de sus filas a Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, luego de las investigaciones relacionadas con la presunta simulación de su propio secuestro para justificar un faltante de 40 millones de pesos de recursos públicos.

La resolución se dio a conocer el 18 de noviembre de 2026, después de un procedimiento interno que comenzó meses atrás. En junio, Morena había suspendido provisionalmente los derechos partidistas de la alcaldesa, quien posteriormente fue vinculada a proceso el 9 de julio por estos hechos.

La sanción partidista no fue exclusiva para Nápoles Pacheco. La CNHJ también determinó expulsar a Blanca Yaneth Chiu López, expresidenta municipal de Jiquipilas, Chiapas, y a Olivia Espinosa, regidora de Ocozocoautla, señaladas por presuntos delitos de abuso de autoridad y extorsión agravada.

En paralelo a las acciones partidistas y las investigaciones contra la presidenta municipal, integrantes del Colectivo Tenancingo se manifestaron frente al Congreso del Estado de México para exigir su destitución y una revisión de las presuntas irregularidades financieras y administrativas de su gobierno.

Los inconformes, encabezados por Javier Calzada, representante de la agrupación, solicitaron la intervención de los legisladores locales y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para esclarecer los señalamientos.

Calzada afirmó que el colectivo reúne a más de 100 personas, aunque aseguró que sus demandas reflejan el descontento de un sector más amplio de la población. También señaló que algunos habitantes evitan expresar públicamente sus inconformidades por temor a posibles represalias o amenazas. “No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo que hagan su trabajo. Su trabajo es rendir cuentas y esclarecer lo que está sucediendo”, manifestó durante la protesta.

Las exigencias ciudadanas también están relacionadas con los resultados de las auditorías del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) a la Cuenta Pública 2025 del Ayuntamiento de Tenancingo.

En la revisión de cumplimiento financiero se reportaron 163 observaciones, entre ellas señalamientos por pagos a trabajadores cuyas plazas no estaban contempladas en la plantilla autorizada, remuneraciones superiores a los tabuladores y posibles inconsistencias en el ejercicio del presupuesto.

En materia de contratación pública, el OSFEM revisó 27 procedimientos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. Esta auditoría derivó en cuatro resultados finales, 10 recomendaciones y dos pliegos de observación.

El organismo fiscalizador señaló que el Ayuntamiento no acreditó el cumplimiento de diversas disposiciones jurídicas y administrativas en sus procesos de contratación. Los resultados deberán continuar en la etapa de seguimiento para que las autoridades municipales presenten la documentación y las aclaraciones correspondientes.

Entre los cuestionamientos también figuran las adjudicaciones, las obras públicas y los servicios contratados durante la administración municipal. Al respecto, Calzada pidió transparentar el destino de los recursos, identificar a las empresas beneficiadas y verificar que los trabajos pagados se hayan realizado.

El colectivo demandó que las autoridades competentes investiguen las posibles irregularidades y, en caso de encontrar responsabilidades, procedan conforme a la ley.