El estremecedor reporte de más de 1,600 piezas dentales —identificadas preliminarmente por activistas como dientes de leche— recuperadas en un predio del municipio de Zacapu, Michoacán, volvió a poner al descubierto la dimensión de la crisis de personas desaparecidas en el país.

El caso, impulsado por el colectivo Buscando Cuerpos en Todo México y su fundadora Margarita López, detonó un plantón de más de dos semanas frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para exigir celeridad en los peritajes e identificaciones forenses.

De acuerdo con el testimonio del colectivo, los hallazgos en la zona cerril de Zacapu, contigua a un basurero municipal, iniciaron en 2021 cuando una columna de humo condujo a las buscadoras hacia un presunto punto de incineración clandestina.

Tras ubicar fragmentos óseos quemados y una primera pieza dental confirmada en el sitio como diente infantil por peritos de campo, las activistas implementaron jornadas continuas de cernido y cribado de tierra. A lo largo de cinco años de labor independiente, la agrupación afirma haber contabilizado de manera acumulada alrededor de 1,600 piezas infantiles, estimando que podrían representar a más de 80 menores, además de otros restos óseos carbonizados.

Ante la presión de las familias, la FGR emitió un comunicado informando que la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada mantiene mesas de trabajo permanentes con el colectivo para coordinar las investigaciones con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

Sin embargo, las instancias de procuración de justicia precisaron que el conteo de 1,600 piezas corresponde a la cifra recopilada por las activistas entre 2021 y 2026, por lo que el número real de restos bajo custodia ministerial, su temporalidad, el número de individuos representados y sus edades exactas continúan sujetos a la validación de dictámenes periciales y genéticos oficiales.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la exigencia de las familias hacia las autoridades para acelerar los análisis de laboratorio y el cruce de perfiles de ADN, un paso indispensable para esclarecer si la fosa de Zacapu funcionó como un centro sistemático de exterminio y para devolver la identidad a las posibles víctimas.