El robo de combustibles mediante tomas clandestinas y el contrabando fiscal continúan representando un desafío para las autoridades mexicanas, pese a las inversiones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en vigilancia y a la coordinación con instituciones de seguridad y procuración de justicia, de acuerdo con analistas consultados por EL UNIVERSAL.

La petrolera informó que reforzó la colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN). Sin embargo, sus propios datos muestran la magnitud de las pérdidas económicas asociadas al robo físico de combustibles.

Durante el segundo trimestre de 2026, el huachicol tradicional —que consiste en sustraer combustible directamente de ductos y pipas— generó pérdidas por 9 mil 180 millones de pesos, el nivel más alto para un segundo trimestre desde 2018, según las cifras citadas en el reporte.

En su informe correspondiente a 2025, Pemex también reconoció la existencia del contrabando técnico, conocido como huachicol fiscal, una modalidad que utiliza operaciones de importación, transporte y comercialización aparentemente legales para evadir impuestos y regulaciones.

La empresa señaló que durante 2025 puso en marcha una estrategia coordinada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), particularmente con la Agencia Nacional de Aduanas de México, que permitió detectar y asegurar alrededor de 61 millones de litros de combustible.

De acuerdo con los datos referidos en el reporte, el volumen representó un aumento de 297% respecto de 2024. Pemex explicó que el huachicol fiscal opera mediante mecanismos como documentación falsa, clasificación arancelaria incorrecta y simulación de operaciones, con el propósito de evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como otras obligaciones regulatorias.

La compañía indicó que estas prácticas se han convertido en una modalidad de ilícito que requiere la intervención coordinada de las autoridades fiscales, aduaneras y de seguridad.

En cuanto a las acciones contra el robo tradicional, la petrolera reportó la presentación de 5,064 denuncias por robo de hidrocarburos, 850 por posesión ilícita de estos productos y 14 por delincuencia organizada. También informó que interpuso 31 denuncias ante la FGR por posibles hechos de corrupción relacionados con servidores públicos, exfuncionarios y empresas.

Entre otras medidas, durante 2025 Pemex localizó y desmanteló 55 túneles clandestinos y concluyó el año con 50 drones de vigilancia, más del doble de las 24 unidades registradas en 2024. La empresa también destacó los operativos conjuntos con la Sedena, la Semar y la Guardia Nacional para vigilar instalaciones estratégicas, plataformas marinas y las zonas de protección de la Red Nacional de Ductos.

Javier Oliva, coordinador del Seminario en Estudios de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que los resultados de la estrategia gubernamental se ven limitados por posibles filtraciones de información dentro de Pemex y otras instituciones, las cuales facilitarían el robo de combustible y el contrabando.

El especialista también cuestionó la falta de resultados visibles en algunos operativos y señaló que el problema no se limita a las organizaciones criminales, sino que incluye la existencia de un mercado negro en el que se comercializan y consumen combustibles de procedencia ilícita.

Por su parte, Luis Miguel Labardini, consultor de Marcos y Asociados, atribuyó parte del problema a la falta de Estado de derecho en zonas controladas por el crimen organizado, por donde atraviesan ductos de Pemex.

El consultor advirtió que algunos trabajadores de la petrolera enfrentan amenazas contra ellos y sus familias, lo que dificulta la presentación de denuncias. Por ello, planteó la necesidad de detectar el robo mientras ocurre, contar con fuerzas de seguridad capaces de intervenir y garantizar que los responsables reciban las sanciones correspondientes.