Elda Aurora ‘N’, quien se desempeñó como contralora gubernamental de Tamaulipas durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, fue declarada culpable por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y desempeño de funciones judiciales o administrativas.

El fallo fue emitido el 15 de septiembre por un tribunal de enjuiciamiento unitario, durante una audiencia realizada en el Centro Integral de Justicia de Victoria.

De acuerdo con las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la exfuncionaria autorizó pagos por 60 mil pesos a Alejandra ‘N’, quien ocupaba el cargo de directora administrativa de la Contraloría Gubernamental y, al mismo tiempo, prestaba servicios como proveedora de esa dependencia.

Durante el juicio se estableció que entre las funciones de Elda Aurora ‘N’ estaba la vigilancia y control de los recursos estatales. La Fiscalía sostuvo que, pese a esa responsabilidad, autorizó pagos a una funcionaria que además tenía una relación como proveedora con la propia dependencia.

La audiencia para la individualización de sanciones y reparación del daño está programada para el próximo 22 de septiembre. En ella, el tribunal determinará la pena que deberá cumplir la exfuncionaria y las medidas correspondientes por la reparación del daño.

Hasta ahora, Elda Aurora ‘N’ ha enfrentado el proceso en libertad y debe acudir mensualmente a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares. Su situación jurídica podría modificarse una vez que se establezca la sanción. Por este mismo caso, la Fiscalía Anticorrupción denunció a Alejandra ‘N’, entonces directora administrativa de la Contraloría Gubernamental, por el delito de ejercicio abusivo de funciones, debido a que presuntamente realizó cobros como proveedora mientras ocupaba un cargo público.

El 9 de junio de 2023, un juez de control la vinculó inicialmente a proceso por el delito de peculado, aunque posteriormente la clasificación jurídica de los hechos fue modificada. Cinco días después, el 14 de junio, la Asesoría Jurídica del Gobierno de Tamaulipas apeló la determinación judicial. El recurso fue turnado a la Sala Regional Victoria.

Posteriormente, el 29 de septiembre de 2023 se emitió la ejecutoria mediante la cual se actualizó la clasificación jurídica de los hechos al delito de ejercicio abusivo de funciones.

Además del caso por el que fue declarada culpable, Elda Aurora ‘N’ enfrenta otro proceso penal dentro de la carpeta 86/2024, en el que también está involucrado Jesús Alberto ‘N’, quien se desempeñó como secretario de Administración durante el gobierno de Cabeza de Vaca.

Ambos fueron vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, derivado de la presunta adjudicación directa de 14 contratos a dos personas morales y una persona física. El monto de los contratos señalados en ese expediente asciende a 8 millones 233 mil 500 pesos.

Con el fallo contra Elda Aurora ‘N’, suman dos exfuncionarios de primer nivel de la administración estatal anterior que han recibido una sentencia condenatoria por delitos relacionados con corrupción. El otro caso corresponde al exsecretario de Educación Mario ‘N’, quien fue sentenciado por ejercicio ilícito de servicio público y peculado dentro de la carpeta 14/2023.

Según la acusación, el 15 de enero de 2018 el entonces funcionario celebró un convenio con MetLife México para realizar, mediante la nómina, el pago de primas correspondientes a un seguro individual voluntario, sin contar con facultades para hacerlo.

Las retenciones aplicadas a los trabajadores, equivalentes al uno por ciento de cada descuento quincenal, alcanzaron 8 millones 285 mil 878.87 pesos. Los recursos fueron depositados en una cuenta de la Secretaría de Educación y destinados al pago de diversos conceptos; además, parte del dinero habría sido transferido a una cuenta bancaria relacionada con el entonces subsecretario de Educación.

El 9 de septiembre de 2025, Mario ‘N’ recibió una sentencia de 19 años de prisión, así como una inhabilitación de cuatro años y seis meses para ocupar un empleo, cargo o comisión pública. También se le impuso el pago de 52 mil 921 pesos y 8 millones 285 mil 878.87 pesos por concepto de reparación del daño.

No obstante, esa sentencia todavía no ha quedado firme, por lo que el proceso continúa sujeto a las vías legales correspondientes.