Las empresas señaladas por presuntas irregularidades en la contratación de materiales electorales durante la administración de Guadalupe Taddei Zavala extendieron sus operaciones a por lo menos 17 entidades de México, donde acumularon contratos por 1,803 millones 80 mil pesos con distintos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

De acuerdo con una investigación publicada por Excélsior, las compañías señaladas por posibles conflictos de interés y simulación de competencia también proporcionaron documentación, papelería y materiales para las jornadas electorales de distintos estados.

Los contratos y las relaciones comerciales de estas proveedoras forman parte de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE).

Entre las empresas que aparecen en los expedientes destacan Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Corporativo Zeg y Litho Formas, además de Seriplast de México, Comercializadora Grupo Selati y TOL Producciones.

Una de las compañías con mayor presencia en los organismos electorales locales es Formas Finas y Materiales, especializada en la fabricación y suministro de papelería, urnas, mamparas y otros insumos para las jornadas de votación. La empresa registra al menos 15 contratos en 11 institutos electorales estatales, por un monto superior a los 540 millones de pesos, según los registros de fiscalización y contratación consultados por la investigación. Entre sus clientes aparecen los organismos electorales del Estado de México, Aguascalientes, Tlaxcala, Nuevo León, Querétaro, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila y Durango, además de otras entidades.

En Aguascalientes, por ejemplo, la compañía obtuvo contratos por aproximadamente 17 millones de pesos durante el proceso electoral de 2024. En otros estados participó en la producción de documentación electoral, suministro de útiles de casilla, mamparas y materiales para la votación.

Otra de las empresas destacadas es Cajas Graf, relacionada con el grupo empresarial de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. La compañía, proveedora de cartonería, cajas para paquetes electorales e insumos utilizados durante los comicios, acumula al menos 22 contratos en 13 institutos electorales locales, por un monto global de 586 millones 300 mil pesos.

Entre sus adjudicaciones destacan un contrato de 141 millones 770 mil pesos con el Organismo Público Local Electoral de Veracruz para producir e imprimir materiales electorales, así como otro por 102 millones 100 mil pesos con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco en 2024.

También obtuvo contratos con los organismos electorales de Sonora, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Chihuahua, Estado de México, Coahuila y Querétaro.

En Oaxaca destaca una adjudicación por 82 millones 990 mil pesos, mientras que en Hidalgo aparece un contrato cercano a los 66 millones de pesos. En Tamaulipas, sus contrataciones superaron los 34 millones de pesos. La empresa también participó en procedimientos de adquisición de cartonería, canceles, mamparas y paquetes electorales en otros organismos locales.

Además de Formas Finas y Materiales y Cajas Graf, otras compañías aparecen entre las proveedoras señaladas por posibles irregularidades en las contrataciones electorales. Corporativo Zeg obtuvo contratos por 7 millones 900 mil pesos con el organismo electoral de Nayarit durante 2024, mientras que Litho Formas registra asignaciones por 34 millones 800 mil pesos en Quintana Roo y participaciones en una propuesta conjunta por 57 millones 300 mil pesos.

También figuran Seriplast de México, Comercializadora Grupo Selati y TOL Producciones, empresas relacionadas con el suministro de insumos plásticos, embalaje y materiales utilizados en procesos electorales. De acuerdo con la investigación periodística, estas compañías tuvieron presencia en organismos electorales de entidades como Veracruz, Sonora, Estado de México, Oaxaca y Quintana Roo.

En conjunto, los contratos atribuidos a las empresas señaladas ascienden a 1,803 millones 80 mil pesos en 17 estados, mientras continúan las revisiones sobre sus relaciones comerciales y los procedimientos mediante los cuales obtuvieron las adjudicaciones.