Las juntas auxiliares de Santa María Moyotzingo, San Baltazar Temaxcalac y San Lucas Atoyatenco concentran una de las principales problemáticas de seguridad en San Martín Texmelucan, debido a la existencia de caminos fronterizos sin vigilancia que facilitan la huida de grupos delictivos hacia Tlaxcala, denunció el presidente de la Canaco Servytur municipal, Sabás López Rico.

El líder empresarial advirtió que la vulnerabilidad en la franja limítrofe entre Puebla y Tlaxcala no solo favorece la operación de la delincuencia organizada, sino que también inhibe la llegada de inversiones y afecta la actividad económica del municipio. A ello, dijo, se suma la falta de confianza en los ministerios públicos, cuyas deficiencias en la integración de carpetas de investigación terminan permitiendo que presuntos responsables recuperen su libertad.

La preocupación coincide con señalamientos realizados en junio por el vocero del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, quien calificó como un "foco rojo" la zona limítrofe con San Martín Texmelucan, al considerar que su ubicación estratégica la convierte en un corredor utilizado por grupos delictivos que operan entre Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y la Ciudad de México.

López Rico explicó que las tres juntas auxiliares colindantes con Tlaxcala cuentan con diversos accesos que carecen de vigilancia permanente, situación que permite a los delincuentes utilizar rutas alternas para escapar tras cometer ilícitos.

Además, señaló que la coordinación entre las corporaciones de seguridad de Puebla y Tlaxcala sigue siendo insuficiente y que hace falta incrementar la presencia de elementos en los puntos de conexión entre ambas entidades, así como fortalecer los operativos de revisión vehicular para detectar unidades con placas alteradas o reportes de robo.

Respecto al panorama delictivo, indicó que la incidencia presenta altibajos, aunque nunca desaparece, debido a que las bandas criminales suelen desplazarse entre municipios o incluso cambiar de entidad para evitar ser detenidas.

En el primer cuadro de San Martín Texmelucan, uno de los delitos que más preocupa al comercio organizado es el robo cometido por las llamadas "farderas", grupos de hombres y mujeres que sustraen mercancía aprovechando descuidos dentro de los establecimientos.

El dirigente empresarial aseguró que, aunque la Cámara brinda asesoría jurídica y acompañamiento para presentar denuncias, pocos comerciantes deciden acudir ante la Fiscalía. Explicó que el miedo a represalias y la percepción de impunidad han provocado que la mayoría prefiera no iniciar procesos legales.

De los 1,411 afiliados a la Canaco en el municipio, únicamente cinco reportan formalmente cuando son víctimas de un delito, una cifra que calificó como alarmante.

Asimismo, criticó el desempeño de algunos agentes del Ministerio Público y señaló que existen deficiencias tanto en la integración de las carpetas de investigación como en el llenado del Informe Policial Homologado y el manejo de las evidencias, lo que retrasa los procesos judiciales y favorece la liberación de los presuntos responsables.

Ante este panorama, hizo un llamado a la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, para supervisar el funcionamiento de la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan y fortalecer la procuración de justicia en la región.

Pese al contexto, el sector empresarial otorgó un voto de confianza al nuevo secretario de Seguridad Pública Municipal, Armando Martínez Mayo, quien asumió el cargo el pasado 1 de junio y presentó un plan de trabajo enfocado en reducir los delitos que afectan al comercio.

Las cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE) reflejan un incremento en diversos delitos entre enero y mayo de 2026, comparado con el mismo periodo de 2025:

  • Robo de autopartes: pasó de 3 a 7 denuncias.
  • Robo a comercio: aumentó 240 %, al pasar de 10 a 34 carpetas de investigación.
  • Desaparición de personas: creció 78.6 %, de 14 a 25 casos.
  • Violencia familiar: subió 78.6 %, al pasar de 56 a 100 investigaciones.
  • Daño en propiedad ajena: incrementó 183.3 %, de 12 a 34 denuncias.
  • Violación simple: pasó de 2 a 7 carpetas de investigación.

Estos indicadores, advirtió el sector empresarial, evidencian la necesidad de reforzar la coordinación entre autoridades, mejorar la procuración de justicia y garantizar condiciones de seguridad que permitan recuperar la confianza de comerciantes e inversionistas.