El Cabildo de Puebla solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) un informe sobre las estrategias implementadas para atender la incidencia delictiva en San Pablo Xochimehuacan, junta auxiliar ubicada al norte de la capital poblana.

La petición fue promovida por la regidora Georgina Ruiz Toledo, presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia, quien planteó la necesidad de conocer las condiciones de seguridad que enfrenta la comunidad para identificar posibles acciones y políticas públicas que permitan reforzar la atención.

Entre las principales problemáticas señaladas se encuentran los asaltos a transeúntes, robos a viviendas y negocios, narcomenudeo y la presencia de grupos delictivos. La solicitud busca que la SSC proporcione información sobre los delitos más frecuentes y la presencia de organizaciones criminales en la zona.

La regidora señaló que San Pablo Xochimehuacan es una de las juntas auxiliares que concentra un mayor número de solicitudes relacionadas con seguridad. Entre las peticiones de los habitantes se encuentran mayor presencia de patrullas, cámaras de vigilancia y herramientas de prevención, además de información sobre los procedimientos para presentar denuncias.

El titular de la SSC, Félix Pallares Miranda, mantiene una invitación permanente para participar en las reuniones de la Comisión de Seguridad y Justicia. Cuando su agenda se lo impide, funcionarios de las distintas áreas de la dependencia acuden en su representación.

La situación de seguridad de Xochimehuacan ya había sido reconocida públicamente por la propia SSC. En marzo pasado, Pallares Miranda señaló que el robo y el narcomenudeo se encontraban entre los delitos que predominaban en la junta auxiliar y explicó que la corporación mantenía operativos coordinados con autoridades estatales y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como parte de ese despliegue, la SSC informó que mantiene presencia en distintas juntas auxiliares de la zona norte, entre ellas San Pablo Xochimehuacan, San Miguel Canoa y La Resurrección, mediante operativos focalizados a partir de información obtenida de su mapa de calor delictivo.

A este panorama se suma la situación de la población migrante asentada en la zona. Un reporte publicado por La Jornada de Oriente en marzo de 2026 estimó que alrededor de 20 mil personas provenientes principalmente de Haití y El Salvador, así como población indígena de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, se han establecido en Xochimehuacan, en buena medida por las oportunidades laborales vinculadas con la Central de Abasto. El mismo medio documentó señalamientos sobre extorsiones y robos contra trabajadores migrantes.

El problema de seguridad se desarrolla además en una zona marcada por el antecedente de la explosión por una toma clandestina de gas LP ocurrida el 31 de octubre de 2021. De acuerdo con el reporte de La Jornada de Oriente, aquella tragedia dejó una persona muerta y 64 viviendas completamente destruidas, por lo que persiste entre habitantes el temor ante posibles fugas relacionadas con el robo de combustible.

La preocupación por el huachicol no es únicamente un antecedente. En junio de 2026, autoridades federales localizaron y clausuraron en la colonia Santa María, perteneciente a San Pablo Xochimehuacan, infraestructura utilizada para la extracción ilegal de agua; el operativo derivó en el aseguramiento de 10 pipas y la detección de un pozo sin concesión.

En materia de seguridad pública, también se han registrado hechos violentos recientes. El 2 de mayo, un hombre fue asesinado a balazos en el Camino a San Pablo y del Conde; personal de la Fiscalía de Puebla localizó al menos 20 casquillos percutidos en el lugar y más recientemente un asalto que terminó con un disparo a un hombre que esperaba a viajar con un tour.

La solicitud del Cabildo permitirá conocer con mayor precisión qué delitos concentran actualmente la atención de la SSC y cuáles son las acciones desplegadas para combatirlos. La información también podría servir para determinar si las medidas existentes requieren mayor presencia policial, infraestructura de vigilancia o estrategias específicas de prevención.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone de bases de datos de incidencia delictiva municipal actualizadas hasta junio de 2026, aunque estos registros corresponden a carpetas de investigación y no necesariamente reflejan todos los delitos cometidos, por lo que deberán utilizarse junto con la información operativa de la SSC para obtener un diagnóstico más completo.