El consultor político argentino y exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, enfrenta un cerco judicial cada vez más complejo en Bolivia tras sumarse graves acusaciones de crimen organizado a la causa por enriquecimiento ilícito que se instruye en su contra en La Paz.
Actualmente recluido en el penal de Palmasola —cumpliendo prisión preventiva por la tentativa de feminicidio contra la abogada Nadia Beller—, Cerimedo fue objeto de una nueva orden de aprehensión por presunto enriquecimiento con afectación al Estado; la situación dio un giro crítico luego de que la propia Beller solicitara acogerse al régimen de testigo protegida para entregar pruebas ante la fiscalía sobre una presunta red de corrupción coordinada por el estratega argentino y sectores vinculados al entorno del presidente boliviano, Rodrigo Paz.
Según los testimonios presentados ante el Ministerio Público y adelantados por la prensa local, la testigo atribuye a Cerimedo la participación en el desvío diario de dos millones de litros de combustible de YPFB hacia el mercado negro, operación que generaba unos 150 mil dólares diarios.
Asimismo, la investigación lo vincula con el decomiso de 189 kilos de oro -valuados en 25 millones de dólares- retenidos en el aeropuerto de Viru Viru cuando pretendían ser trasladados a Dubái con documentación falsa, así como con una causa por narcotráfico en el departamento de Beni basada en la manipulación de radares y transpondedores para permitir el libre tránsito de narcoavionetas.
Durante los allanamientos a sus propiedades, la fiscalía incautó 100 mil dólares en efectivo y rastreó giros al extranjero por 400 mil dólares; no obstante, en su declaración indagatoria Cerimedo rechazó los cargos, negó nexos comerciales en Bolivia y calificó las preguntas de los fiscales de irrelevantes, pese a los registros fotográficos que lo ubican en despachos oficiales del Palacio Quemado y la Casa Grande del Pueblo.
