El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reveló que los bloqueos simultáneos registrados ayer martes en ocho puntos estratégicos de la zona metropolitana fueron ejecutados por sujetos armados y con pasamontañas que fueron contratados por un lapso de dos horas para hacerse pasar por familiares de internos; además, aseguró que las áreas de inteligencia ya tienen identificados a los autores intelectuales detrás de la operación sincronizada, señalando como inusual que los inconformes rechazaran las mesas de diálogo y abandonaran todas las vialidades exactamente al cumplirse el tiempo pactado.

Pese a desestimar la autenticidad de los manifestantes —quienes paralizaron arterias como la autopista México-Puebla, la caseta a Atlixco, el Periférico Ecológico y el Centro Histórico—, Armenta confirmó que el fondo de las denuncias será investigado y anunció una intervención a fondo del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.

El operativo de revisión contará con el despliegue de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Comisión de Inteligencia federal para auditar la operatividad y seguridad dentro del reclusorio.

Asimismo, el titular del Ejecutivo estatal adelantó que se abrió una investigación directa contra el director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, por presunta omisión ante redes de extorsión y cobros de piso —que según denuncias alcanzan entre los 20 mil y 300 mil pesos—, además de que en las pancartas de la protesta también fueron señalados el subsecretario de Centros Penitenciarios, David Uriel Rivera, y el juez de Oralidad Salvador Hernández Martínez.

Como medida inmediata de contención, el gobierno estatal concretará el traslado de dos internos considerados de alta peligrosidad hacia un penal federal fuera de Puebla.