El exgobernador de Guerrero, Ángel "N.", fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada y, tras una audiencia de más de 14 horas, un juez federal de Almoloya de Juárez determinó que existen elementos para juzgarlo por presuntamente ordenar la destrucción de pruebas clave sobre la noche de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el exmandatario recibió y mandó eliminar directamente videos del Palacio de Justicia de Iguala, grabaciones que registraban el traslado de los jóvenes en septiembre de 2014.

Aunque la defensa de Aguirre presentó más de 30 pruebas para deslindarlo —asegurando que el político estaba en la Ciudad de México cuando supuestamente recibió los discos—, el juzgador ratificó la prisión preventiva oficiosa en el penal del Altiplano y dio un plazo de cuatro meses para cerrar las investigaciones.

Las indagatorias del Ministerio Público señalan que altos funcionarios del gobierno de Guerrero intervinieron para ocultar las grabaciones de seguridad y, según la teoría del caso, una exfuncionaria entregó el sobre con los videos a Aguirre, quien ordenó su destrucción deliberada para entorpecer el esclarecimiento de los hechos.

Mientras la FGR afirma que esta vinculación forma parte del nuevo modelo de investigación para dar con el paradero de los 43 estudiantes, los abogados del exgobernador adelantaron que buscarán que enfrente el proceso en prisión domiciliaria, argumentando su edad y estado de salud.

Por lo pronto, el exmandatario permanecerá internado en el Cefereso 1.