En Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició 194 carpetas de investigación por trata de personas entre 2022 y agosto de 2026, mientras que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reportó 19 sentencias condenatorias y cuatro absolutorias por este delito durante el mismo periodo.

Las cifras reflejan la diferencia entre las investigaciones que comienzan en el Ministerio Público y los procesos judiciales que llegan a una resolución. Aunque los datos corresponden a registros institucionales de un mismo lapso, no necesariamente representan el seguimiento de los mismos casos.

Simón Alejandro Hernández León, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana Puebla, señaló que uno de los principales problemas del sistema de justicia es la cantidad de investigaciones que permanecen estancadas sin avanzar hacia una sanción o la reparación del daño.

De acuerdo con los datos proporcionados por la FGE, las carpetas de investigación por trata de personas presentaron las siguientes cifras:

  • 2022: 38 carpetas de investigación.

  • 2023: 71 carpetas.

  • 2024: 41 carpetas.

  • 2025: 20 carpetas.

  • Enero-agosto de 2026: 24 carpetas.

En conjunto, el Ministerio Público inició 194 expedientes durante el periodo reportado. El mayor registro anual correspondió a 2023, cuando se contabilizaron 71 investigaciones.

En contraste, la información obtenida mediante una solicitud de transparencia al TSJ indica que entre 2022 y agosto de 2026 se emitieron 19 sentencias condenatorias y cuatro absolutorias relacionadas con el delito de trata de personas. El desglose anual fue el siguiente:

  • 2022: cuatro sentencias condenatorias y ninguna absolutoria.
  • 2023: cuatro condenatorias y una absolutoria.
  • 2024: cinco condenatorias y dos absolutorias.
  • 2025: tres condenatorias y ninguna absolutoria.
  • Enero-agosto de 2026: tres condenatorias y una absolutoria.

Estas cifras muestran la actividad judicial reportada, pero no permiten concluir por sí solas que las 194 investigaciones debieron haber terminado en sentencia durante el mismo periodo.

Hernández León explicó que el rezago en las fiscalías y la clasificación jurídica inicial de los hechos pueden dificultar tanto el seguimiento de las investigaciones como la interpretación de las estadísticas delictivas.

El especialista señaló que la manera en que el Ministerio Público registra una denuncia puede determinar bajo qué delito permanece contabilizada durante el procedimiento. Como ejemplo, mencionó que una agresión contra una mujer podría clasificarse inicialmente como lesiones, aunque los hechos ameriten investigar una posible tentativa de feminicidio.

Una situación similar, indicó, puede ocurrir con casos de trata de personas y desaparición, cuyos registros pueden verse afectados por la clasificación jurídica asignada al inicio de la investigación. El académico también advirtió que la apertura de una carpeta no garantiza que el expediente llegue ante un juez y que la judicialización tampoco asegura una sentencia condenatoria.

A ello se suma el tiempo que algunas investigaciones permanecen sin avances sustanciales. Hernández León refirió que existen casos de desaparición que llevan más de una década sin progresos significativos, así como procesos que tardaron seis, ocho o hasta diez años en cambiar de estatus.

Ante este panorama, el coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón consideró necesario fortalecer la gestión de las fiscalías mediante políticas de priorización de casos, unidades de litigio y mecanismos que permitan impulsar las investigaciones hacia los tribunales.

También planteó establecer indicadores verificables sobre el número de denuncias recibidas, los expedientes que avanzan a una etapa judicial, los tiempos de investigación y las resoluciones obtenidas. A su juicio, medir estos aspectos permitiría evaluar el desempeño institucional y detectar los puntos en los que las investigaciones se estancan.

El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, de la Universidad Iberoamericana Puebla, advierte que la trata de personas es un fenómeno mundial que vulnera la dignidad y los derechos de millones de personas. En ese contexto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) también ha señalado la gravedad de este delito y las dificultades para conocer su dimensión real.

Para Hernández León, el reto consiste en que las instituciones no se limiten a acumular expedientes, sino que den seguimiento a cada investigación, midan sus avances y fortalezcan la coordinación entre las áreas de procuración de justicia, seguridad pública y el Poder Judicial.