La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, confirmó la recepción de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de homologar la atención de este delito en las 32 entidades del país.

La propuesta será presentada durante la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles y posteriormente turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género del Senado para su análisis.

La iniciativa busca establecer un marco jurídico nacional que unifique los protocolos de investigación, las sanciones y las medidas de atención a las víctimas, además de evitar diferencias en la manera en que las fiscalías estatales investigan los casos de feminicidio.

Entre los principales cambios, la propuesta establece una definición única del delito y fija penas homologadas de 50 a 70 años de prisión en todo el país. Asimismo, contempla sanciones desde el grado de tentativa e incorpora 19 circunstancias agravantes que permitirán incrementar las penas en determinados casos.

También plantea que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente como posible feminicidio y con perspectiva de género, con el propósito de evitar que estos casos sean clasificados incorrectamente como suicidios u otros delitos.

"Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio. Evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio", afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del pasado 15 de julio.

Por su parte, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, señaló que la iniciativa responde a deficiencias detectadas en las investigaciones, como la incorrecta clasificación de muertes violentas y la falta de análisis del contexto de violencia de género.

La propuesta también contempla sanciones accesorias para los responsables, entre ellas la pérdida de la patria potestad y de los derechos sucesorios, además de reconocer los derechos de las víctimas directas e indirectas.

Entre las agravantes previstas se encuentran que la víctima sea:

  • Niña.
  • Adolescente.
  • Adulta mayor.
  • Mujer embarazada.
  • Persona con discapacidad.
  • Periodista.
  • Defensora de derechos humanos.
  • Persona migrante.
  • Víctima de ataques con ácido.

Además, la iniciativa propone crear un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, así como fortalecer las medidas de reparación integral del daño y la atención especializada para las víctimas indirectas.