El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La minuta, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece nuevas condiciones de nacionalidad para quienes busquen encabezar los poderes ejecutivos federal y estatales.

De acuerdo con el proyecto, además de ser mexicanos por nacimiento y estar en pleno ejercicio de sus derechos, los aspirantes deberán no tener ni adquirir otra nacionalidad. En caso de contar con una nacionalidad adicional, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos, en los términos que establezca la legislación.

La reforma también plantea que, durante el ejercicio del cargo, quienes ocupen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana.

La prohibición contempla además el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, el ejercicio de derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera y el acogimiento a la protección diplomática de otro país.

Durante la discusión, legisladores de Morena y sus aliados defendieron la modificación bajo el argumento de que quienes ocupen los principales cargos ejecutivos deben contar con un vínculo jurídico exclusivo con México. El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, sostuvo que la reforma no pretende cuestionar la identidad o el compromiso de los mexicanos que cuentan con otra nacionalidad, sino establecer requisitos específicos para quienes aspiren a ocupar los cargos señalados.

Por la Comisión de Puntos Constitucionales, Saúl Monreal Ávila defendió que la modificación busca reforzar la soberanía nacional y establecer condiciones particulares para quienes encabecen los poderes ejecutivos. En el debate también participaron legisladores que rechazaron la reforma. El coordinador del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que contar con otra nacionalidad no determina la lealtad de una persona hacia México.

El senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas cuestionó que la reforma pueda hacer depender el registro de una candidatura de trámites ante autoridades de otro Estado y señaló que el artículo 32 constitucional ya contempla disposiciones relacionadas con la nacionalidad para determinados cargos.

Desde el PAN, la senadora Laura Esquivel Torres sostuvo que la modificación puede afectar los derechos políticos de mexicanos que viven en el extranjero y cuentan con doble nacionalidad. El partido anunció su rechazo al dictamen. La discusión también incluyó intervenciones de legisladores de Morena, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano con argumentos contrapuestos sobre soberanía, doble nacionalidad, derechos políticos e intervención extranjera.

Aunque el Senado aprobó la minuta, la modificación todavía no forma parte de la Constitución. El proyecto fue presentado por el Ejecutivo federal el 1 de septiembre de 2026 y aprobado por la Cámara de Diputados el 22 de septiembre, con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención, antes de ser enviado al Senado como Cámara revisora.

Al tratarse de una reforma constitucional, todavía debe continuar el procedimiento previsto en el artículo 135 de la Constitución. Por ello, la aprobación del Senado no implica que las nuevas reglas de nacionalidad sean aplicables de manera inmediata.

Si el decreto supera las siguientes etapas del proceso constitucional, las personas con doble nacionalidad que pretendan competir por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tendrían que acreditar la renuncia a la nacionalidad extranjera antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos, conforme a las nuevas disposiciones.