La directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), Sara Carter, lanzó una advertencia a funcionarios y gobernadores que colaboren con los cárteles mexicanos: el gobierno de Donald Trump buscará perseguirlos y exigirles responsabilidades.

Durante una entrevista con Karina Yapor para Voz Media USA, la funcionaria, conocida como la zarina antidrogas, sostuvo que la política de la administración estadounidense contempla actuar contra cualquier persona que ayude a organizaciones criminales, independientemente del cargo público que ocupe.

“Si ayudan o son cómplices con los cárteles, si colaboran con los cárteles, si colaboran con organizaciones terroristas extranjeras, no nos importa si eres el gobernador […] te encontraremos, iremos por ti y nos aseguraremos de que pagues el precio”, declaró Carter.

La funcionaria también afirmó que quienes colaboren con estas organizaciones no podrán sentirse seguros durante el resto de la administración Trump y posiblemente más allá de ese periodo. Según dijo, Estados Unidos intensificará las acciones contra los grupos criminales y quienes los apoyen.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones entre México y Estados Unidos por las acusaciones presentadas en abril contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

El gobierno mexicano ha solicitado a Washington pruebas que sustenten los señalamientos. Las acusaciones no equivalen por sí mismas a una sentencia condenatoria. Carter reconoció la cooperación del gobierno mexicano en el combate al narcotráfico, pero consideró necesario reforzar los esfuerzos conjuntos para frenar el tráfico de drogas y debilitar a las organizaciones criminales.

“Podemos acabar con los cárteles si trabajamos juntos. Podemos encontrar puntos en común sobre los cuales podemos construir”, señaló durante la entrevista.

La directora de la ONDCP insistió en que Estados Unidos no permitirá que continúe la operación de estas redes criminales y aseguró que su estrategia involucra a distintas dependencias del gobierno, desde las encargadas de seguridad y defensa hasta las responsables de salud pública.

Sus declaraciones mantienen la presión sobre México en materia de cooperación antidrogas, particularmente en un momento de tensión por los señalamientos estadounidenses contra funcionarios mexicanos.