El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, acusó públicamente a la expresidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, de presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada, en medio de los problemas de inseguridad registrados en la zona limítrofe entre Puebla y Oaxaca.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario aseguró que su administración había informado previamente al Gobierno de Puebla sobre la presunta relación de la entonces alcaldesa con grupos criminales. Según su versión, la situación estaba relacionada con los robos y extorsiones que durante meses afectaron a comerciantes y transportistas que circulaban entre Acatlán de Osorio y Huajuapan de León.

Jara señaló que los hechos delictivos se concentraban principalmente en el corredor carretero entre Acatlán y Huajuapan, una ruta utilizada para el traslado de mercancías y personas entre ambas entidades. También afirmó que la incidencia delictiva en esa zona habría disminuido después del reforzamiento de las acciones de seguridad.

Las acusaciones se producen semanas después de la salida de Bárcenas de la presidencia municipal de Acatlán. El Congreso de Puebla intervino en el proceso relacionado con la administración municipal en septiembre, en un contexto en el que ya se habían documentado cuestionamientos por la incidencia delictiva en el municipio.

El señalamiento de Jara, sin embargo, constituye una acusación pública y no una resolución judicial que determine la responsabilidad de la exfuncionaria. Bárcenas ha rechazado previamente señalamientos relacionados con grupos criminales y ha sostenido que la delincuencia habría actuado en su contra, por lo que su versión difiere de la expuesta por el gobernador oaxaqueño.

Las declaraciones ocurren mientras Puebla y Oaxaca mantienen una estrategia conjunta para atender los delitos registrados en la región. El 22 de septiembre, autoridades de ambas entidades acordaron fortalecer las acciones de seguridad en 25 municipios de la zona limítrofe, además de reforzar la vigilancia en los tramos carreteros que conectan a ambos estados.

El acuerdo se estableció durante la Segunda Sesión Ordinaria del Grupo de Inteligencia Operativa Interestatal, con la participación de autoridades de seguridad y procuración de justicia de las dos entidades. Entre los objetivos se encuentra atender los delitos de mayor incidencia y establecer estrategias tanto municipales como regionales.

Esta coordinación tiene como antecedente los operativos implementados durante el año para combatir principalmente el robo a transportistas. En marzo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que trabajos de inteligencia habían identificado rutas, horarios y formas de operación de siete células delictivas en la zona limítrofe, con especial atención al corredor Acatlán de Osorio-Huajuapan.

La región también cuenta con antecedentes de coordinación institucional entre ambos estados. En febrero de 2025, los gobiernos de Puebla y Oaxaca firmaron un convenio de colaboración en materia de seguridad para fortalecer la prevención del delito y la reacción ante hechos delictivos en la zona fronteriza.

De esta manera, el caso de Acatlán se mantiene dentro de un escenario en el que confluyen los señalamientos contra la exalcaldesa y los esfuerzos de las autoridades de Puebla y Oaxaca para contener los delitos que afectan a quienes transitan por las rutas comerciales de la Mixteca.