El Gobierno del Estado de Puebla analiza tomar la administración directa de los 11 centros penitenciarios municipales para frenar el hacinamiento, las fallas en salud y las deficiencias de custodia señaladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Este lunes, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, informó que se revisa la viabilidad jurídica y operativa de absorber los reclusorios que actualmente están a cargo de los ayuntamientos, con el objetivo de establecer un mando unificado en la entidad.

De los 16 centros penitenciarios que operan en Puebla, el Ejecutivo estatal administra únicamente cinco: San Miguel, Tepexi de Rodríguez, el femenil de Ciudad Serdán, el Ciepa y el penal para adultos mayores.

Ante las observaciones de los organismos de derechos humanos sobre 14 penales por desabasto de servicios médicos, hacinamiento e insuficiencia de custodios, la SSP entabló mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación y la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) para determinar el esquema de financiamiento y la viabilidad legal de la transferencia administrativa.

El titular de la SSP explicó que la transición requerirá acuerdos financieros con las autoridades municipales que aportan recursos para la alimentación, el mantenimiento de instalaciones y el pago de personal operativo.  "Estamos evaluando si es viable y la ley nos lo permite, que en un momento dado nosotros nos hagamos cargo de la administración de todos los penales municipales y, obviamente, ya tener un control total de lo que conlleva el mantenimiento y la operación", puntualizó el funcionario.

El diagnóstico de la CNDH ubicó deficiencias sistemáticas en la atención médica, la prevención de la violencia interna y las condiciones de habitabilidad en los penales a cargo de las comunas. De concretarse el traspaso al estado, la administración estatal asumirá el control operativo integral y la supervisión de la infraestructura penitenciaria municipal para homologar las condiciones de internamiento y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.