Un clima de tensa calma se mantiene en el municipio de San Miguel Xoxtla luego de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH Puebla), implementara un operativo con equipo antimotines para resguardar el inicio de los trabajos de perforación del denominado "Pozo del Bienestar" o "Pozo Pavigi", a cargo de la concesionaria Agua de Puebla para Todos y el SOAPAP.

Las fuerzas de seguridad se concentraron en la Sección B, entre la prolongación Aldama y la calle 29 de Septiembre —cerca del Banco del Bienestar y la clínica 47 del IMSS—, así como en los accesos de la autopista México-Puebla, para blindar la llegada de maquinaria pesada.

El conflicto social en Xoxtla se remonta a marzo de 2024, cuando la perforación sin consulta de un pozo cercano a la autopista detonó una grave escasez de agua potable en la zona. Habitantes y colectivos defensores del agua denuncian que este nuevo proyecto, destinado a abastecer a la capital poblana y áreas residenciales de la zona metropolitana, reducirá hasta 10 metros el nivel de los pozos artesanales del municipio.

Además de señalar que la obra carece de los permisos correspondientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los pobladores exigieron la intervención del gobernador Alejandro Armenta y de la alcaldesa Guadalupe Ortiz para frenar la extracción, al tiempo que convocaron a una asamblea comunitaria en el zócalo para organizar actos de resistencia.