La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla aplicó mano dura al sancionar a siete servidores públicos con la destitución inmediata de sus cargos e inhabilitaciones temporales; bajas definitivas de la nómina estatal que derivaron de diversas auditorías internas enfocadas en el combate a la opacidad, pues de acuerdo con los resolutivos de la Dirección de Seguimiento a Responsabilidades, las conductas sancionadas violaron los principios obligatorios de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El expediente más grave ocurrió en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP). Ahí, una exfuncionaria identificada como Ana María “N” fue dada de baja y suspendida por cinco meses y 12 días tras descubrirse que intentó subir de puesto mediante la simulación de documentos. La investigación confirmó que la señalada presentó una cédula profesional falsa que no correspondía a su identidad ni al grado académico exigido en un proceso escalafonario.

El resto de las destituciones afectó a diversas áreas de la estructura estatal debido a la omisión de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. En la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Carlos “N” fue inhabilitado por seis meses al ocultar su reporte de conclusión. De igual forma, en la Secretaría de Seguridad Pública se cesó a Cristian “N” por cuatro meses y 24 días por la misma falta administrativa.

La lista de sancionados incluye a la Secretaría de Bienestar, donde Erika “N” fue destituida por no entregar su informe de inicio, mientras que José Edmundo “N” recibió una inhabilitación de cinco meses y 12 días. Finalmente, en el organismo descentralizado Convenciones y Parques se ordenó la baja de José Ismael “N” y Julián Manuel “N”, quienes fueron suspendidos por más de cinco meses tras ignorar la obligación de reportar el estado de su patrimonio al concluir sus funciones.

La dependencia estatal advirtió que, aunque los exservidores tienen el derecho legal de impugnar las resoluciones, la secretaría defenderá las bajas con firmeza ante los tribunales. Estas acciones forman parte de la estrategia anticorrupción impulsada por la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier para consolidar una gestión pública honesta.