Expertos de Naciones Unidas en derechos humanos pidieron al Estado mexicano reforzar la protección de las mujeres que buscan a personas desaparecidas, ante los niveles de violencia que enfrentan y que, en algunos casos, han derivado en su asesinato o desaparición.
En un pronunciamiento difundido este miércoles, especialistas de distintos mecanismos de derechos humanos de la ONU señalaron que las mujeres buscadoras continúan expuestas a agresiones y recordaron que su labor está vinculada con los derechos de las familias a la verdad, la justicia y la reparación.
El pronunciamiento tomó como referencia varios hechos recientes registrados en Sinaloa, donde integrantes de colectivos de búsqueda han sido víctimas de ataques.
Uno de los casos señalados es el de Elisa Altagracia Bonilla Carrillo, madre buscadora de 38 años que fue reportada como desaparecida el 27 de agosto de 2026 en Mazatlán. Bonilla buscaba a su hijo Kevin Alexander Guerrero Bonilla, desaparecido desde octubre de 2025. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México documentó el caso y pidió considerar su actividad como buscadora entre las líneas de investigación.
Ese mismo 29 de agosto, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue víctima de una agresión armada en Culiacán junto con integrantes de su familia. Organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado el ataque y lo han relacionado con el contexto de riesgo que enfrentan las mujeres que participan en labores de búsqueda en Sinaloa.
El 1 de septiembre, integrantes del colectivo Corazones Unidos por Una Misma Causa fueron agredidas durante una manifestación en Mazatlán. De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos e IM-Defensoras, un vehículo embistió a integrantes del grupo mientras realizaban una protesta relacionada con la búsqueda de sus familiares desaparecidos.
El colectivo ya había enfrentado otros hechos graves. Rubí Patricia Gómez-Tagle, integrante de la agrupación, fue asesinada en febrero de 2026 en Mazatlán. Además, María de los Ángeles Valenzuela, también integrante del colectivo, permanece desaparecida desde octubre de 2025, de acuerdo con información documentada por mecanismos de derechos humanos de la ONU.
Los expertos de Naciones Unidas señalaron que la búsqueda de personas desaparecidas y las investigaciones correspondientes constituyen responsabilidades del Estado y que la participación de las familias no debe sustituir las obligaciones de las autoridades.
También recordaron que los Estados tienen obligaciones específicas para proteger a quienes defienden derechos humanos, particularmente cuando existen riesgos relacionados con su actividad.
El pronunciamiento se produce después de que la Asamblea General de la ONU aprobara en 2026 una resolución para establecer el 19 de diciembre como el Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas. La fecha quedó incorporada al calendario oficial de Naciones Unidas y será conmemorada anualmente.
La nueva conmemoración reconoce formalmente la labor de las mujeres que participan en la localización de personas desaparecidas y busca visibilizar los riesgos que enfrentan durante estas actividades.
En México, Naciones Unidas ha señalado que las familias de personas desaparecidas se encuentran entre quienes enfrentan riesgos de hostigamiento, intimidación y represalias relacionados con sus labores de búsqueda. La propia ONU advierte que las desapariciones tienen efectos económicos, sociales y familiares que recaen con frecuencia de manera desproporcionada sobre las mujeres.
El llamado de los expertos ocurre en un contexto de recientes agresiones contra buscadoras en Sinaloa y mientras organizaciones nacionales e internacionales han solicitado que las autoridades adopten medidas de protección específicas para quienes participan en estas labores.
