La octava emisión de “Derecho de Réplica”, espacio encabezado por la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, generó críticas entre periodistas después de que durante la transmisión se exhibieran nombres de comunicadores, figuras públicas, políticos y cuentas anónimas que, de acuerdo con la presentación del gobierno federal, formarían parte de una red digital identificada por su contenido crítico hacia la administración.

La exposición incluyó una relación de 560,520 cuentas que fueron presentadas como parte de un supuesto ecosistema de difusión de contenidos contra el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

El señalamiento provocó reacciones de periodistas cuyos nombres aparecieron en la presentación. Entre ellos se encuentran Carmen Aristegui, Jorge Orozco y Nayeli Roldán, quienes cuestionaron que sus actividades profesionales fueran incluidas dentro de una clasificación elaborada desde el gobierno federal.

El espacio “Derecho de Réplica” comenzó sus transmisiones en junio de este año. Desde su primera emisión, el gobierno explicó que su objetivo era contrastar información que considera falsa o imprecisa con datos oficiales.

Carmen Aristegui respondió a la inclusión de su nombre mediante un video difundido a través de Aristegui Noticias, en el que cuestionó la utilización de listas con nombres de personas desde espacios gubernamentales. Jorge Orozco, incluido dentro de una categoría denominada “Bloque Anónimo”, también rechazó la información presentada sobre su trabajo periodístico y solicitó ejercer su derecho de réplica en el espacio encabezado por Alcalde.

El periodista señaló que sus publicaciones se han concentrado en temas relacionados con transparencia y rendición de cuentas y cuestionó que esa actividad fuera utilizada para incorporarlo a la clasificación presentada.

Nayeli Roldán también se refirió públicamente al caso y defendió el ejercicio periodístico basado en información verificada y contextualizada como una herramienta para que la ciudadanía pueda tomar decisiones.

La controversia se produce en un contexto en el que el gobierno federal ha incrementado sus señalamientos contra determinadas campañas de desinformación en redes sociales. En emisiones anteriores de “Derecho de Réplica”, Alcalde ha mostrado ejemplos de cuentas que el gobierno identifica como bots o trolls y ha planteado la existencia de estrategias coordinadas de comunicación digital.

La propia Presidencia ha presentado el programa como un mecanismo para contrastar narrativas difundidas en medios tradicionales, plataformas digitales y redes sociales con información oficial. El episodio también abrió una discusión sobre los límites entre el derecho del gobierno a responder a información que considere falsa y la exposición pública de periodistas o ciudadanos que mantienen una postura crítica.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que su administración utilice listas para censurar periodistas y sostuvo que en México existe libertad de expresión. La mandataria también defendió la solicitud de códigos de ética y defensores de las audiencias para los medios de comunicación como parte de un debate sobre el ejercicio periodístico y la responsabilidad de los medios.

El debate adquiere especial relevancia debido al contexto de violencia contra la prensa en México. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) documentó en julio el asesinato del periodista poblano Josué Martínez Contreras, ocurrido en San Martín Texmelucan, y señaló que se trataba del cuarto periodista mexicano asesinado en poco más de un mes.

La base de datos del CPJ registra 165 periodistas y trabajadores de medios asesinados en México entre 1992 y 2026, aunque la organización distingue entre los casos en los que existe evidencia suficiente para confirmar una relación con la actividad periodística y aquellos cuyo motivo permanece sin confirmar.

La polémica alrededor de “Derecho de Réplica” se suma así a una discusión más amplia sobre libertad de expresión, desinformación, derecho de réplica y señalamiento público de periodistas. Mientras el gobierno sostiene que el programa busca contrastar información y combatir contenidos falsos, los comunicadores incluidos en la presentación cuestionan que sus nombres aparezcan asociados con una supuesta red de propaganda o desinformación.

Por ahora, la presentación gubernamental y las respuestas de los periodistas mantienen abierta la discusión sobre qué criterios fueron utilizados para integrar las 560 mil 520 cuentas, qué metodología permitió establecer sus vínculos y qué evidencia sustenta la clasificación de cada perfil.