El 83.9% de la población mexicana de 18 años y más considera que la corrupción ocurre con frecuencia en los partidos políticos, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI. El indicador coloca a los partidos políticos entre las instituciones con mayor percepción de corrupción en el país.

Estos datos forman parte del panorama utilizado por la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) para plantear la necesidad de revisar los riesgos relacionados con el proceso electoral de 2027, particularmente en materia de financiamiento, fiscalización, uso de recursos públicos y participación ciudadana.

La percepción de corrupción también alcanza a las instituciones electorales. De acuerdo con la ENCIG 2025, 59.9% de la población considera frecuente la corrupción en los institutos electorales, mientras que la confianza en estas instituciones se mantiene por encima de la mitad de la población en las mediciones de la encuesta.

El problema no se limita a la percepción. El INEGI estimó que durante 2025 el costo de los actos de corrupción relacionados con trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y contactos con autoridades ascendió a 17,707.4 millones de pesos. La cifra representó un costo promedio de 3,865 pesos por persona víctima de corrupción, de acuerdo con los resultados de la ENCIG.

La encuesta se realizó con información correspondiente a 2025 y contempló la experiencia de la ciudadanía con trámites, pagos, servicios públicos y autoridades, además de medir percepciones sobre corrupción y confianza institucional. Para su levantamiento fueron visitadas 46 mil viviendas entre octubre y diciembre de ese año.

En este contexto, Mauricio Merino Huerta, exconsejero electoral del IFE y director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara, ha señalado riesgos para el proceso electoral de 2027.

Entre los factores mencionados se encuentran el adelanto de actividades partidistas, la posible intervención del crimen organizado, el ingreso de recursos ilícitos y las actuaciones de las instituciones responsables de garantizar condiciones de competencia electoral.

Merino también ha planteado que los posibles intercambios relacionados con la corrupción electoral no necesariamente terminan con las campañas o la jornada electoral, sino que pueden trasladarse a la etapa de gobierno mediante la asignación de puestos públicos, presupuestos, contratos o privilegios.

Por ello, el seguimiento del financiamiento electoral, los recursos públicos, la fiscalización y las decisiones posteriores a los comicios forma parte de los asuntos que organizaciones dedicadas a la rendición de cuentas consideran relevantes para la vigilancia ciudadana.

La Red por la Rendición de Cuentas tiene previsto abordar estos temas durante su XV Seminario, denominado “Las amenazas de la corrupción en el proceso electoral”, programado para el 15 de octubre en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara.

El encuentro contempla la participación de especialistas, organizaciones civiles y autoridades para analizar mecanismos de prevención, rendición de cuentas y vigilancia ciudadana de cara al proceso electoral de 2027. La propia Red tiene actualmente su actividad institucional vinculada al Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del CUCEA, donde Mauricio Merino figura como director.