La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, los artículos no reservados del dictamen de la Ley Federal de Derechos para 2027, con 27 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención.

La propuesta, que deberá ser discutida y votada por el pleno de San Lázaro, contempla una recaudación de 177 mil 185.9 millones de pesos para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante 2027, mediante los cobros por servicios gubernamentales y por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación.

Durante la discusión, legisladores de oposición cuestionaron los incrementos planteados en distintos derechos, al advertir que podrían elevar los costos de operación de las empresas y trasladarse a los consumidores. En contraste, representantes de Morena defendieron medidas para incentivar la conectividad digital, atraer inversiones y facilitar el acceso a espacios culturales.

El diputado del PRI Christian Castro Bello criticó los ajustes propuestos en distintos cobros, entre ellos el derecho migratorio para visitantes extranjeros que no cuentan con permiso para realizar actividades remuneradas, cuyo monto pasaría de 983 a 1,334 pesos, un incremento cercano a 37%.

También señaló el aumento en el costo del convenio de renuncia para que extranjeros puedan adquirir inmuebles fuera de la zona restringida, que subiría de 5,252 a 8 mil pesos, lo que representa más de 52%.

Castro Bello advirtió que las modificaciones en servicios sanitarios, navegación aérea y autorizaciones ambientales podrían incrementar los costos empresariales. Entre los ejemplos que expuso se encuentra el alza de 41.42% en el servicio de toma de muestras y liberación de productos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), además de aumentos de 10% en diversas cuotas relacionadas con la navegación aérea.

El legislador priista también cuestionó las nuevas obligaciones relacionadas con los medidores de agua y las sanciones por incumplimiento, al considerar necesario establecer reglas claras y plazos adecuados.

Por su parte, el diputado del PAN Héctor Saúl Téllez sostuvo que algunos derechos registrarían incrementos superiores a 700% y de hasta mil por ciento. A su juicio, estas variaciones no corresponden al costo real de los servicios gubernamentales y podrían repercutir en los precios para las familias mexicanas. Estos argumentos fueron parte de la postura de su bancada para votar en contra del dictamen.

La diputada morenista Claudia Rivera Vivanco defendió las medidas orientadas a ampliar la conectividad digital. Entre ellas destacó una reducción de 12% en los derechos por el uso de determinadas bandas del espectro radioeléctrico, así como exenciones de hasta 100% en zonas prioritarias y carreteras.

Según explicó, los incentivos buscan atraer inversión privada para extender las redes 5G y mejorar el acceso a internet en comunidades alejadas, en coordinación con la Ley de Economía Digital. Asimismo, rechazó que la propuesta contemple aumentos en el costo de los pasaportes mexicanos o en la tarifa de uso aeroportuario (TUA).

En tanto, el diputado de Morena Luis Humberto Fernández respaldó la reforma al señalar que permitirá el acceso gratuito a 53 museos, monumentos y zonas arqueológicas. En el ámbito ferroviario, defendió la aplicación de una tasa de 3% sobre los ingresos de concesiones con más de 15 años de operación, mientras que las nuevas inversiones pagarían una tasa de medio punto porcentual.

La discusión continuará en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se definirá si el proyecto de la Ley Federal de Derechos para 2027 obtiene la aprobación legislativa.