El Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla proyectó una bolsa de 1,432 millones de pesos para encarar el proceso electoral del 6 de junio de 2027, fecha en la que los poblanos renovarán la legislatura local y los 217 ayuntamientos.

Durante la sesión del Consejo General, la presidenta provisional, Christian Mariana Ceballos Garduño, detalló la repartición del recurso: 566 millones irán a la operatividad ordinaria del instituto —que abarca las prerrogativas permanentes a partidos— y 866 millones se inyectarán a la organización comicial, incluyendo 121 millones para financiamiento de campañas e independientes.

La cifra representa un incremento significativo respecto a años pasados, justificado por el despliegue de 26 consejos distritales y 217 municipales, el arrendamiento de vehículos e inmuebles, la actualización del padrón con voto joven anticipado, y la puesta en marcha de comisiones especiales para el PREP y el sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”.

Sin embargo, el tema que encendió la conversación pública fue el margen de acción del árbitro electoral frente a aspirantes indagados por el narcotráfico, pues Ceballos Garduño fue enfática: el IEE carece de facultades legales para tirar candidaturas basándose únicamente en carpetas de investigación o presuntos vínculos con el crimen organizado.

Al aclarar que las únicas inhabilitaciones procedentes son aquellas fijadas por la ley con sentencia firme —como la violencia de género o el registro de deudores alimentarios—, la funcionaria sostuvo que la decisión de postular, avalar o retirar a perfiles bajo la lupa judicial quedará estrictamente a criterio de los partidos políticos.

Paralelamente, el Consejo General avaló el convenio general de colaboración con el INE y confirmó la ejecución de multas derivadas de resoluciones del árbitro nacional contra Morena y el Partido del Trabajo (PT) por inconsistencias en materia de fiscalización.