La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) informó que mantiene como principales líneas de investigación del multihomicidio de 10 personas registrado el fin de semana una posible red de extorsión y la presunta colusión de servidores públicos.

El fiscal Cristian Camacho Osnaya señaló que las indagatorias se desarrollan con un enfoque integral, que incluye investigaciones patrimoniales y financieras, además del análisis de evidencia pericial. "Esta investigación debe llevarse de manera muy efectiva, muy profesional, incluso, abierta a una investigación financiera", declaró el funcionario.

La Fiscalía realiza estudios balísticos, análisis de videograbaciones y revisa vehículos presuntamente utilizados en los hechos. Camacho Osnaya explicó que los casquillos recuperados son sometidos a confrontas científicas para determinar si fueron utilizados en otros delitos.

Las autoridades confirmaron que las 10 víctimas ya fueron identificadas. Ocho eran originarias de Zacatecas y dos de Durango. Entre ellas se encuentran el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez; el director de Desarrollo Social de Fresnillo, Fidel Alvarado de la Torre; el elemento de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo, Jesús Gerardo Muñetón Hernández; además de empresarios de los sectores de la construcción, centros nocturnos y organización de eventos, un ganadero y un abogado que también fue exregidor y exdirector de la Policía Municipal de Canatlán, Durango.

De acuerdo con las investigaciones, seis de las víctimas desarrollaban actividades empresariales relacionadas con la construcción, la proveeduría y los centros nocturnos.

Los dictámenes forenses establecieron que ocho personas murieron por asfixia por estrangulamiento y dos por impactos de arma de fuego. Asimismo, los exámenes toxicológicos practicados a cinco víctimas detectaron indicios de consumo reciente de narcóticos, entre ellas los dos funcionarios municipales.

La Fiscalía detalló que cuatro víctimas dejaron de tener contacto con sus familiares desde el 16 de julio, cinco más el 17 de julio y una el 18 de julio. Antes del hallazgo de los cuerpos no existían denuncias formales por desaparición o privación ilegal de la libertad.

Los cuerpos fueron localizados el sábado en tres municipios. Cinco fueron encontrados colgados de un puente sobre la carretera federal 54, en la comunidad de Pozo de Gamboa, municipio de Pánuco; tres más cerca de una clínica del IMSS en Morelos y uno a un costado de la carretera federal 45, en Sain Alto. Todos presentaban huellas de violencia.

Como parte de las diligencias, agentes ministeriales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de Fresnillo, donde, según las investigaciones, al menos dos de las víctimas estuvieron antes de ser asesinadas. En el lugar también fue asegurado un vehículo presuntamente relacionado con el caso. Reportes locales señalaron además un operativo en un bar propiedad de una de las víctimas.

Tras los hechos, autoridades estatales y federales desplegaron operativos de seguridad en Morelos, Fresnillo, Sombrerete, Miguel Auza, Mazapil, San Tiburcio, Melchor Ocampo y Concepción del Oro.

El Gobierno de Zacatecas informó que el operativo cuenta con tres aeronaves —dos de la Fuerza Aérea Mexicana y una de la Secretaría de Seguridad Pública estatal— para labores de vigilancia, reconocimiento y respuesta rápida.

El despliegue inicial está integrado por 480 elementos, entre ellos 280 del Ejército Mexicano, 120 de la Guardia Nacional y 80 de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ). Posteriormente se incorporaron más de 400 efectivos adicionales del Ejército y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en la región.

Además, el Grupo de Inteligencia Operativa se declaró en sesión permanente con la participación de mandos de la Quinta Región Militar, la Onceava Zona Militar y la Guardia Nacional.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, aseguró que las autoridades actuarán "con toda la fuerza del Estado" para esclarecer el crimen.

 

"Los zacatecanos tienen derecho a conocer la verdad y a vivir en paz. No vamos a minimizar la gravedad de lo ocurrido, pero tampoco los avances alcanzados en materia de seguridad durante los últimos años", afirmó el funcionario, quien sostuvo que el multihomicidio "no quedará impune".