La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, quien es investigado por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, así como por su supuesta participación en los bloqueos de carreteras realizados entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La disposición fue firmada por el fiscal Brayan Melgar y confirmada a EFE por una fuente cercana al exmandatario.

Además de terrorismo y alzamiento armado, la orden judicial atribuye al exgobernante los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir.

Las investigaciones se derivan de los bloqueos carreteros que se extendieron durante siete semanas en distintas regiones del país, encabezados por organizaciones campesinas de La Paz y la Central Obrera Boliviana, con el respaldo de grupos afines a Morales.

De acuerdo con las autoridades bolivianas, las protestas ocasionaron desabasto de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en diversas ciudades, además de pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares y la muerte de al menos 16 personas, de las cuales 13 fallecieron por la falta de atención médica derivada de los cortes carreteros.

La denuncia penal fue promovida a principios de julio por dirigentes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y uno de los principales motores económicos de Bolivia. Posteriormente, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, se sumó a la acción legal.

La investigación también alcanza al dirigente de la Central Obrera Boliviana, Marco Argollo, y al líder campesino Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva desde el 6 de julio dentro de otra causa relacionada con los mismos acontecimientos.

El exmandatario ha negado haber impulsado un movimiento para destituir al presidente Rodrigo Paz y sostiene que las movilizaciones buscaban únicamente que el Gobierno atendiera las demandas de distintos sectores sociales. Sin embargo, el pasado 24 de mayo, Morales publicó en la red social X que el presidente solo tenía "dos caminos" para enfrentar la crisis: militarizar el país o convocar a elecciones en un plazo de 90 días.

Tras alcanzar acuerdos con algunos sectores, entre ellos la Central Obrera Boliviana, el Gobierno decretó el estado de excepción el 20 de junio, lo que permitió el despliegue de fuerzas policiales y militares para retirar los bloqueos y restablecer el tránsito en las principales carreteras.

Desde octubre de 2024, Evo Morales permanece en la región del Trópico de Cochabamba, considerada su principal bastión político y sindical, donde es resguardado por simpatizantes para evitar el cumplimiento de otra orden de captura.

Esa causa corresponde a una investigación por trata agravada de personas, en la que el exmandatario es acusado de haber mantenido una presunta relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo una hija durante su gestión presidencial en 2016.

En mayo de este año, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía al no presentarse al inicio del juicio y emitió una nueva orden de aprehensión. La Policía boliviana ha señalado que espera las condiciones adecuadas para ejecutar ese mandato judicial.