El rastro del huachicol y las facturas falsas volvió a salpicar el entorno del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, pues la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra la empresa Maquiladora de Lubricantes S.A. de C.V., firma que entre noviembre de 2021 y marzo de 2022 transfirió 15 millones 59 mil 957 pesos por presuntos "servicios profesionales" a GMA Firma Jurídica Fiscal, el despacho encabezado por el padre y el medio hermano del mandatario estatal.

El expediente —radicado bajo la causa penal 123/2026 en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez (Altiplano)— cobró fuerza tras la detención en mayo pasado de Jesús Ricardo Puente Díaz, accionista y apoderado de la compañía.

Al momento de su aprehensión, la FGR lo catalogó abiertamente como un "petrofacturero", pieza clave dentro de una red criminal denominada "Los Petrofactureros" que engloba a más de 40 empresas de los sectores energético, logístico y de transporte dedicadas al blanqueo de capitales provenientes del tráfico ilícito de hidrocarburos.

Las indagatorias de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) revelan que Maquiladora de Lubricantes operó montos multimillonarios entre 2021 y 2026, reportando ingresos por 7 mil 095 millones de pesos y egresos por más de 9 mil 164 millones.

Gran parte de estos flujos se triangularon a través de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) inscritas en la lista negra del SAT, tales como Maquinaria Pesada para la Construcción y Distribuidora Industrial Fronteriza, las cuales recibieron en conjunto más de 2 mil millones de pesos en un solo ejercicio fiscal.

Dentro del mismo expediente, un juez federal libró órdenes de captura contra otros presuntos integrantes de la red, entre ellos Carlos Alberto Velázquez Nieto, accionista de Energética Carvel, y Karina Melissa Guerrero Rodríguez, identificada como la operadora financiera del esquema.

Aunque la existencia de las ocho facturas acredita que el dinero ingresó a las cuentas del bufete de la familia del gobernador, la FGR busca determinar si los 15 millones de pesos cobrados por el despacho provenían directamente de la caja limpia de la empresa o si formaban parte de la estructura de dispersión de recursos de procedencia ilícita.