Un juez federal impuso prisión preventiva al exgobernador de Guerrero, Ángel “N”, por su presunta participación en el delito de desaparición de personas, dentro de una investigación relacionada con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La audiencia del exmandatario comenzó este viernes en los juzgados del Altiplano, ubicados en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde el Ministerio Público Federal expuso los elementos que sustentan la imputación.

Durante su comparecencia, Ángel “N” aseguró que siempre ha estado dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos y afirmó tener la conciencia tranquila.

“Tengo mi corazón muy tranquilo, muy en paz… Tengo una familia a la que tengo que demostrarle que yo no tengo que ver con estos lamentables hechos”, declaró.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero, habrían registrado el momento en que policías presuntamente bajaron de un autobús y trasladaron a otra unidad a un grupo de estudiantes que se encontraban con las manos en la nuca.

Los hechos habrían ocurrido durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados y desaparecidos los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el segundo vehículo habría sido vigilado por hombres armados, aunque hasta ahora no existe certeza sobre si se trataba de integrantes de alguna corporación de seguridad.

El contenido de las grabaciones es considerado relevante por el Ministerio Público Federal para determinar si los hechos registrados tienen relación con la desaparición de los 43 normalistas.

La investigación sostiene que diversas personas entrevistadas por la FGR describieron la existencia de ese material y que, de acuerdo con testimonios recabados recientemente, el entonces gobernador habría tenido conocimiento de su contenido y presuntamente habría ordenado su posible destrucción.

Como parte de las nuevas indagatorias también fueron entrevistadas la entonces presidenta del Poder Judicial de Guerrero y su visitadora, quienes habrían aportado información relacionada con el caso.

Con base en estos elementos, el Ministerio Público Federal presentó al exgobernador ante un juez por su presunta participación en el delito de desaparición de personas.

Inicialmente, el juez otorgó un plazo de 144 horas para determinar su situación jurídica. Posteriormente, resolvió imponerle la medida cautelar de prisión preventiva.

La defensa de Ángel “N” buscó evitar su permanencia en prisión y solicitó que pudiera continuar el proceso bajo internamiento domiciliario, al argumentar problemas de salud, entre ellos hipertensión y afecciones de próstata.

La petición, sin embargo, fue desestimada debido a que el juzgado consideró que existen recursos médicos disponibles para atender sus padecimientos dentro del centro penitenciario.

El exmandatario, por su parte, sostuvo durante la audiencia que está dispuesto a colaborar con las autoridades y negó tener responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.

La investigación forma parte de los nuevos esfuerzos de la FGR para esclarecer lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa y determinar si existieron funcionarios que conocieron, ocultaron o interfirieron con información relevante para establecer el paradero de los normalistas.