El Gobierno de España anunció un paquete de medidas para reforzar la protección de los inquilinos ante la crisis de vivienda, entre ellas la paralización de determinados desalojos hasta 2030 y la ampliación de la estabilidad de los contratos de alquiler.

Las medidas fueron anunciadas después de las negociaciones dentro de la coalición encabezada por el socialista Pedro Sánchez y deberán pasar por el Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo no cuenta con mayoría suficiente para aprobarlas por sí solo. El Gobierno prevé tramitar el paquete mediante dos textos que serán sometidos a votación parlamentaria.

Entre las propuestas también se contempla limitar la compra de viviendas por parte de determinados fondos de inversión considerados especulativos, además de avanzar en la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones.

El Gobierno español ya había planteado durante 2026 medidas para aumentar la estabilidad de los contratos, regular los alquileres temporales y combatir prácticas que, según el Ejecutivo, contribuyen al encarecimiento del acceso a la vivienda.

El anuncio se produjo en medio de movilizaciones en distintas ciudades españolas, especialmente en Madrid, después del desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba alrededor de siete décadas viviendo en el mismo inmueble.

El caso provocó protestas y concentraciones en la capital española. Cientos de manifestantes instalaron un campamento en la Puerta del Sol para exigir mayores garantías para los inquilinos y cambios en las políticas de vivienda. En otras ciudades, como Málaga y Sevilla, también comenzaron movilizaciones.

La presión social se intensificó después de que imágenes de Abascal siendo retirada de su vivienda se difundieran públicamente. Posteriormente, la mujer alcanzó un acuerdo preliminar con la empresa propietaria para regresar al inmueble bajo nuevas condiciones de alquiler, aunque el acuerdo todavía debía formalizarse. El caso dio origen al nombre con el que algunos medios y organizaciones han identificado el paquete de medidas: “decreto Maricarmen”.

Las propuestas del Ejecutivo también apuntan a las operaciones de fondos de inversión en el mercado inmobiliario. El Gobierno ha planteado impedir que determinadas viviendas financiadas con recursos públicos terminen posteriormente en manos de fondos considerados especulativos.

Dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el Ejecutivo ya estableció que las viviendas financiadas mediante ese programa no podrán venderse a fondos buitre y que deberán mantenerse destinadas a vivienda asequible. El Gobierno también ha impulsado medidas relacionadas con los alquileres turísticos y temporales, en un contexto en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales asuntos de la agenda política española.

Las nuevas medidas todavía requieren respaldo parlamentario para convertirse en normas aplicables. La fragmentación del Congreso representa uno de los principales obstáculos para su aprobación, por lo que el contenido final podría modificarse durante el proceso legislativo.

Mientras tanto, organizaciones de inquilinos han considerado insuficientes algunas de las medidas anunciadas y han convocado nuevas movilizaciones en distintas ciudades españolas. La discusión se centra especialmente en la duración de los contratos, la protección frente a los desalojos y la regulación de los distintos tipos de alquiler.

El Gobierno de Sánchez ha situado la vivienda como una de sus prioridades y durante 2026 aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7 mil millones de euros. Además, el Ejecutivo informó que había movilizado más de 120 mil viviendas de alquiler asequible y que durante el primer trimestre de 2026 se licitaron 2 mil 800 nuevas viviendas.