La elección judicial de 2025 dejó fuera a casi 60 por ciento de los juzgadores locales que ya habían sido capacitados para implementar el nuevo sistema de justicia civil y familiar, afirmó el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral.

El legislador vinculó esta situación con la posibilidad de volver a posponer la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, debido a la salida de parte del personal que ya había recibido formación para operar bajo el nuevo modelo.

Durante la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión de Justicia del Senado y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Corral señaló que la experiencia y opinión de especialistas del organismo serán consideradas en distintos procesos legislativos.

El senador explicó que uno de los temas en los que se buscará la participación del INACIPE es precisamente la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

De acuerdo con Corral, el proceso enfrenta la posibilidad de un nuevo aplazamiento, entre otras razones, porque la elección judicial modificó la integración de los tribunales y provocó la salida de una parte importante de los juzgadores que ya estaban preparados.

El presidente de la Comisión de Justicia también informó que trabaja con el INACIPE en modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, particularmente en aspectos derivados de la reforma judicial. Entre ellos se encuentra la figura conocida como “jueces sin rostro”, contemplada en el texto constitucional para determinados casos.

Corral dijo que ha planteado al Poder Ejecutivo la necesidad de detener la iniciativa relacionada con esta figura o, en su caso, revisar de manera más amplia el Código Nacional de Procedimientos Penales. El senador explicó que la intención es que las modificaciones no se limiten a aspectos reglamentarios derivados de la reforma judicial, sino que puedan aprovecharse para discutir una reforma integral al ordenamiento penal.

La propuesta de revisar esta figura ocurre mientras el Senado analiza cambios relacionados con la implementación de la reforma al Poder Judicial.

Durante el acto con el INACIPE, Corral también habló sobre la necesidad de que la participación de especialistas tenga consecuencias concretas en el proceso legislativo. El senador reconoció que el Senado puede escuchar a expertos y especialistas, pero cuestionó que sus opiniones necesariamente se traduzcan en decisiones legislativas.

Por ello, planteó que los convenios de colaboración deben servir para establecer procesos de deliberación que comprometan al Poder Legislativo a considerar las aportaciones de quienes participan en ellos.

“Escuchar tiene la responsabilidad de hacerle caso a quienes se escucha, sobre todo si son expertos, especialistas y no se diga, integrantes del Instituto Nacional de Ciencias Penales”, sostuvo.